Padrinos de la niña Sarita se declararon inocentes frente al atroz crimen, pero fueron enviados a la cárcel
Como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, los procesados son los esposos Angela Johana Guerra y Edilberto Rojas, quienes paradójicamente eran los padrinos de la menor y la tenían bajo su protección por disposición de una comisaria de familia.
La pareja no aceptó los cargos que les imputó la fiscalía y se declararon inocentes, pero el juez del caso ordenó su reclusión en la cárcel Picaleña de la ciudad de Ibagué.
Los padrinos de la niña Sarita fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación en la misma vereda La Joya, del mismo municipio de Armero Guayabal, donde ocurrieron los hechos el 21 de abril último que culminaron con la muerte de la pequeña 3 días después en el Hospital Federico Lleras Acosta de la capital tolimense.
La audiencia de legalización de captura e imputación de cargos se cumplió en el Palacio de Justicia de Ibagué.
A la mujer se le imputaron los delitos de acceso carnal agravado, homicidio agravado y tortura agravada mientras que a Rojas se le endilgará el delito de tortura agravada a título de coautor pasivo (bajo la figura de posición de garante).
El fallecimiento de Sarita se produjo hacia la 1 y 30 de la tarde del domingo 23 de abril.
Sara Yolima Salazar, quien residía en el sector conocido como La Palmera Joya, de Armero Guayabal, fue llevada incialmente al hospital local Nelson Restrepo Martínez, por una mujer quien manifestó ser la persona encargada de su cuidado.
Según su testimonio, Sara tuvo un accidente que le provocó un golpe severo en la cabeza, por lo que necesitaba atención urgente.
Sin embargo, los médicos observaron que la menor también registraba varios golpes y moretones en distintas partes del cuerpo y no solo en la cabeza, como lo afirmó inicialmente la mujer.
Además, sus signos vitales estaban débiles, por la que procedieron a estabilizarla y debido al delicado estado que presentaba ordenaron su traslado al hospital de Ibagué, en donde los galenos que la atendieron advirtieron señales de violencia sexual, hecho que fue comprobado posteriormente.
El coronel Jorge Morales, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, estableció entonces que de acuerdo con una indagación preliminar “la niña estaba bajo el cuidado de una persona a la cual se le había entregado desde hace aproximadamente un año, bajo la figura de custodia solidaria por parte de la Comisaría de Familia”.
La niña había sido separada de su madre por disposición de la misma Comisaría de Familia, tras mostrar signos de desnutrición y maltrato.
La Fiscalía resaltó que en la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal se determinó que la causa de la muerte fue un trauma encefálico severo secundario y trauma contundente y biodinámico (zarandeo); este trauma hace parte del síndrome de maltrato infantil agudo y crónico.
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