–Esa leyenda de la pobreza franciscana de las Farc está por terminar, aseguró el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martinez Neira, al revelar que tras un intenso trabajo investigativo, con base en documentos virtuales decomisados al grupo guerrillero, por primera vez el Estado colombiano tiene el inventario de los bienes de las Farc, con un listado de testaferros, con nombres propios con cédulas de ciudadanía.

«Estamos hablando de miles de inmuebles urbanos, rurales, automotores, ganado, dinero, establecimiento de comercio que tenemos identificados. Estamos hablando de billones de pesos, producto del secuestro y del narcotráfico”, precisó Martínez Neira en declaraciones a Juan Roberto Vargas, director de Caracol Noticias (TV).

El jefe del organismo judicial indicó que organizó un grupo de 300 personas y un búnker, donde con la más moderna tecnología «nos hemos dedicado a abrir los archivos de todos los operativos militares y de policía de los últimos años, donde estaba toda la información sobre la riqueza de las Far».

Se trata de información contenida en computadores, Ipads, celulares… información especialmente virtual. Hemos logrado analizar ya 5.500.000 archivos electrónicos en donde están los activos de las Farc, complementó el funcionario.

El fiscal advirtió que esta información será utilizada para conciliar con la guerrilla en el momento en que entreguen el inventario de sus bienes, tal como está establecido en el acuerdo del fin del conflicto.

«Si no coincide dice el acuerdo que todos los activos están sometidos al régimen ordinario, los que no hayan inventariado», añadió.

El fiscal se abstuvo se dar nombres, pero recordó que ya se han conocido publicamente algunos, como los de los que estaban al frente de los frigorificos que se descubrieron recientemente.

«Espero que en el curso de las próximas semanas podamos identificar varios proyectos de extinción de dominio de empresas muy, muy grandes que hemos establecido que están asociadas dadas a actividades de las Far y de su patrimonio», puntualizó.

Se le preguntó si esos empresarios, esos civiles de todo tipo y de toda actividad que van a terminar salpicados por sus relaciones económicas con las Farc, pueden irse a la Justicia Especial de Paz y decir “eso fue producto del conflicto, me obligaron, me extorsionaron…”.

«Eso es muy importante, respondió el fiscal. El acuerdo de paz no limpió el patrimonio de las Farc. Es algo que yo reivindico y digo para legitimar el acuerdo. El patrimonio que era ilícito, sigue siendo ilícito y por eso debe ser objeto de extinción de dominio. Y quienes sean testaferros y servidores, y se hayan enriquecido ilícitamente, tendrán que ser objeto no de la JEP sino de la jurisdicción ordinaria.

El fiscal alertó sobre el riesgo de que la plata de las Farc resulte «lavandose» o legalizandose por decreto, para financiar su actividad proselitista, en su calidad de partido político.

Al efecto, señaló:

«Se acaba de expedir un decreto que hemos estado revisando con mucha atención en la Fiscalía, que es el 903 del pasado fin de semana, donde se establece que con ese inventario de bienes se va a constituir un fondo fiduciario que será administrado por el Gobierno pero conjuntamente con la comisión de la CICIP. Eso implicaría que las Far tendrían, por la lectura que uno hace del decreto, capacidad de administrar sus propios bienes. Si la Constitución dice que se tiene que extinguir el dominio de los bienes ilegales, pues necesariamente las Farc no pueden mantener ningún tipo de participación en la propiedad de esos activos porque la lectura que puede hacer cualquier ciudadano es: “entonces están lavando los activos por medio de un fondo fiduciario que van a terminar administrando de alguna manera las Farc”. Esa no puede ser la lectura y el entendimiento que tiene la Fiscalía.

Añadió que ese fondo fiduciario, tal como lo dice el acuerdo de paz, será gobernado por un consejo cuya administración será decidida y constituida por el Gobierno Nacional por recomendación de las CICIP y esa comisión e donde tiene participación las Farc.

¿No se supone que esos bienes y dineros son para reparar a las víctimas?

«En la lógica constitucional uno diría que esos activos deberían entrar al Estado porque hay extinción de dominio. Y qué va a hacer el Estado con esos bienes, pues lo que desde el punto de vista de la soberanía fiscal y tributaria decida el propio Estado, es decir el Congreso y el Gobierno con recursos que son ya de naturaleza pública. Claro se puede decir que vayan a reparar a las víctimas, ese es un fin plausible. Pero resulta que el decreto que acaba de expedirse dice que tendrá por objeto reparar a las víctimas y también el financiamiento de los programas contemplados en el Acuerdo final en el punto 3.2.2; y uno va a ese punto y resultan ser actividades relacionadas con programas económicos y sociales para la guerrilla. Es más, allí se establece que el desarrollo de un centro de pensamiento político del nuevo partido de las FARC. Esto implicaría, si se lee así crudamente como dice el Decreto, que con parte de estos activos se va a financiar la actividad política de las FARC cuando precisamente lo que ha sostenido la Fiscalía es que no es posible que con los activos de las FARC se vaya a ejercer la democracia. Eso generaría una inequidad en el debate político, entre la política tradicional lo que representa el estado convencional que ellos confrontaron y lo que ellos representan. La esencia de este acuerdo de paz es que ellos están bienvenidos a la democracia y a hacer la política, pero en igualdad de condiciones. No podría ser que ellos lo hagan con el financiamiento del patrimonio ilegal del secuestro y el narcotráfico. Eso no se puede admitir por parte de la sociedad colombiana y no puede ser la lectura que se le pueda dar».

Martínez Neira también alertó sobre la inminencia de una «guerra juridica», entre los actores del conflicto:

¿Cómo se podría armar esa “guerra jurídica”?, se le preguntó y su repuesta fue la siguiente:

«Esa guerra jurídica se puede armar sí, por ejemplo, se nos solicitó que la unidad de la Fiscalía se dedicara a investigar fundamentalmente los hechos del pasado contra los agentes del Estado y contra los terceros. Ellos tienen que ir a la JEP, eso es lo que dice el acuerdo. Dedicar la jurisdicción ordinaria a rescatar todas las investigaciones del pasado, que son propias de la justicia transicional, ese sería un mecanismo de decir: para los reinsertados de las Farc, la JEP con sus beneficios, y para los agentes del Estado y los particulares la justicia ordinaria con todo su régimen de privación de libertad y condenas ordinarias. Eso es lo que no se puede concebir y eso no es lo que dice el acuerdo. Así se lo transmití a las Farc el pasado fin de semana.

Igualmente, el fiscal señaló que «es muy importante que los colombianos lo entiendan bien: La JEP va a conocer de los conflictos que ocurrieron en el conflicto. La Fiscalía en el caso de la guerrilla de las FARC tiene mucho más de 55.000 investigaciones que estaban avanzando. El nuevo orden constitucional impone que presentemos unos informes a la JEP y allá será donde se juzgue. Buenas cercas hacen buenos vecinos, entonces que quede claro qué es de la JEP y qué de la jurisdicción ordinaria, porque -por ejemplo- si hay reincidencia pues necesariamente tiene que haber competencia de la jurisdicción ordinaria y la Fiscalía».