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Tribunal Supremo de Venezuela congela cuentas de la Fiscal Luisa Ortega y le prohíbe salir del país

–El Tribunal Supremo de Venezuela determinó congelar las cuentas bancarias a la Fiscal General Luis Ortega y le prohibió salir del país en desarrollo de medidas cautelares preventivas ante la apertura de un «antejuicio de mérito» en contra de la funcionaria por «la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo».

En un comunicado, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidida por el magistrado Maikel Moreno, señala que aprobó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Pedro Carreño, en la solicitud de antejuicio de mérito que interpuso contra la fiscal.

Asimismo, fijó la audiencia oral y pública para el martes 4 de julio a las 10:00 a.m., de conformidad con lo previsto en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 374 del Decreto de Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

Las medidas cautelares acordadas por la Sala Plena, en aras de garantizar el cauce procesal respectivo, consisten en lo siguiente: prohibición de salida del país de la ciudadana Fiscal General; prohibición de enajenar y gravar de todos sus bienes, y congelar todas sus cuentas bancarias.

En la decisión, se ordenó notificar a Ortega Díaz, Pedro Carreño y a Tarek William Saab, a los fines de comparecer a la celebración de la aludida audiencia.

Horas antes de que se revelara la decisión del TSJ, la funcionaria había declarado que está dispuesta a seguir enfrentándose contra el desmantelamiento del Estado del que acusa al gobierno y al poder judicial.

«Defenderé la democracia y la Constitución hasta con mi vida. Lo juro», dijo Ortega en un pronunciamiento público.

Ortega criticó este miércoles dos sentencias del TSJ que minan el poder de la Fiscalía General que dirige: una es la que permite a la Defensoría del Pueblo hacer investigaciones penales y la otra es la que anula la designación de la vicefiscal, la cual la reemplazaría en el cargo en caso de una destitución.

«Es un proceso de desmontaje progresivo del Ministerio Público», denunció Ortega.