–El presidente Juan Manuel Santos anunció una ofensiva legislativa contra la corrupción, luego de declararse asaltado en su buena fe por el caso del exdirector anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno, quien como se sabe, paradójicamente, será enjuiciado por actos de corrupción, entre ellos un soborno por un millón de dólares a cambio de favorecimientos judiciales al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus.

“¿Con qué lógica se llega a un puesto de gran responsabilidad y se arriesga todo por un fajo de billetes, en vez de aprovechar la oportunidad para brillar y seguir haciendo carrera? ¿En qué tipo de sociedad un director nacional anticorrupción es detenido por actos de corrupción?, preguntó el mandatario colombiano precisamente en la celebración de los 25 años de la Fiscalía General.

Y agregó:

«Varias entidades –incluida la Presidencia, a través de la Secretaría de Transparencia– guardábamos relación con la oficina de esta persona (Moreno), con el propósito de combatir la corrupción. A él le compartíamos denuncias que llegaban de varias regiones, y hoy nos sentimos asaltados en nuestra buena fe”.

Frente a estos y otros hechos de corrupción, por los que dijo no pueden terminar siendo satanizados “los miles de funcionarios honestos y comprometidos que integran la Fiscalía General de la Nación”, el jefe del Estado exhortó al jefe del organismo investigador Néstor Humberto Martínez Neira a continuar «la purga» dentro de esta y «todas las entidades que haga falta», para que «no escape uno solo, venga de donde venga”.

Al efecto, el presidente Santos anunció una amplia ofensiva legislativa en contra de la corrupción, la cual, advirtió «es hermana de la violencia y en Colombia, lastimosamente, hay mucho que contar al respecto”.

Señaló que ya están estructurados una serie de proyectos, cuya presentación se hará en la legislatura que comienza este 20 de julio, que complementarán lo hecho hasta la fecha en la lucha en contra de los corruptos.

Anticipó que en una de las propuestas legislativas “restringimos severamente el beneficio de casa por cárcel, para que los delincuentes dejen de disfrutar el “producto” de sus actos corruptos desde la comodidad de sus hogares, como ocurre en muchos casos”.

En este orden de ideas afirmó que se pretende limitar “tanto como sea posible, los beneficios que la justicia ofrece, y que solo se den concesiones a quienes restituyan el patrimonio público, entreguen bienes mal habidos y delaten a sus testaferros y cómplices”.

Manifestó su desacuerdo en que “solo por aceptar cargos, el imputado obtenga hasta un 50 por ciento de rebaja, sin tener que restituir el patrimonio de los colombianos ni delatar a otros”.

Dijo que con el proyecto de Ley de Probidad, otra iniciativa legislativa, se ampliará “el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción”.

“Además, continuó, ni Fiscal, ni Procurador, ni Auditor, ni Contralor, podrán nombrar a familiares de quienes los postulan; y los funcionarios públicos, en general, tampoco podrán recibir regalos, viajes, hospedajes o viáticos de quienes tengan o hayan tenido intereses en contratar con sus entidades”.

También dijo que con la Reglamentación de “Gestión de Intereses”, “los lobistas tendrán la obligación de inscribirse formalmente; y toda cita que acuerden con funcionarios estatales deberá registrarse y ser de público conocimiento”.

El Mandatario afirmó que con el Registro de Beneficiarios Finales, otros de los proyectos, “habrá más transparencia sobre los verdaderos beneficiarios de los contratos estatales, para conocer quiénes están detrás de las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras”.

Igualmente, subrayó que se incentivará la denuncia de conductas corruptas y se brindará protección a quienes denuncien.

El presidente manifestó su alegría por constatar que la lucha en contra de la corrupción es el mismo norte de la Fiscalía, del Gobierno y de los colombianos.

De otro lado, el jefe del estado al referirse a la armonía y colaboración entre Poderes Públicos le aseguró al Fiscal que “ese canal de comunicación directa con el Gobierno está y seguirá abierto, para que busquemos conjuntamente las mejores fórmulas, porque de eso se trata”.

“No hay mayor justicia, señor Fiscal, y sé que estará de acuerdo con esto, que aquella que sirve a la paz. Y esa es la que estamos buscando ustedes y nosotros”, resaltó el predidente.

Recordó el mandatario que “en el debate del acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, recibimos con interés sus observaciones y propuestas, la mayoría de las cuales quedaron incorporadas en la reforma que se aprobó y que hoy analiza la Corte Constitucional”.

En ese orden de ideas subrayó que cuestión similar ha pasado con “el borrador de ley estatutaria que reglamenta dicha Justicia Especial, donde también hemos recibido sus juiciosas observaciones, y estamos considerándolas con toda atención”.

“Esta es una prueba de la armonía y la debida colaboración que debe existir entre los poderes públicos”, añadió.

El Jefe del Estado le aseguró al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que “ese canal de comunicación directa con el Gobierno está y seguirá abierto, para que busquemos conjuntamente las mejores fórmulas, porque de eso se trata”.

Indicó que el experto jurista Douglas Cassel, que ‘nos asesoró en la negociación del punto de justicia del acuerdo de paz’, afirma que la solución a la que se llegó ‘obedece a los criterios del Derecho Internacional, que prohíbe la amnistía para atrocidades, a la par que demanda una búsqueda seria de la paz’.

Puso de presente, que en ese contexto la Fiscalía “tiene la tarea de aportar información y pruebas sobre los hechos ocurridos con ocasión del conflicto, para que NO haya impunidad sobre los delitos más graves y para que garanticemos los derechos de las víctimas”.

Dijo, finalmente, que la Fiscalía tiene una labor “ejemplarizante”, como es la de “perseguir y llevar ante la justicia ordinaria a todo disidente o reincidente –quienes perderán cualquier beneficio al que habrían podido acogerse en el marco del Acuerdo de Paz”.