–La Federación Colombiana de Educadores, Fecode, anunció nuevas jornadas de protesta en rechazo a la decisión del gobierno de escoger «a dedo» la contratación de los nuevos prestadores del servicio de salud para el magisterio y pidió a la Procuraduría y demás organismos de control tomar cartas en el asunto.

El pronunciamiento lo hizo la agremiación de educadores tras el anuncio del Ministerio de Educación que será la Fiduprevisora la que definirá la operadoras de salud que atenderán a los maestros.

En un comunicado, Fecode señala que «en este capítulo especial de la contratación de los servicios de salud, la Fiduprevisora en cabeza de su presidenta, la señora Sandra Gómez Arias, con una serie de estratagemas, se confabuló con el Gobierno representado por tres votos en el seno del Consejo Directivo del Fomag (Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Ministerio del Trabajo), para al final del proceso lograr lo que se habían propuesto desde un inicio con toda la serie de artimañas esgrimidas: que la contratación de los nuevos prestadores del servicio de salud, se haga a dedo».

Las directivas del magisterio establecen que dejan «constancia de su total oposición a esta decisión e instamos, por el bien de la salud del magisterio y nuestras familias, a que la Procuraduría General de la Nación y demás organismos de control, tomen cartas en el asunto». Al magisterio le corresponde a través de actividades de protesta y denuncia en la jornada alterna, rechazar estos exabruptos y abusos de poder de la Fiduprevisora y el Gobierno, en tanto nuestro servicio de salud está al borde del colapso. Además, exigimos la prestación digna del servicio de salud como derecho fundamental y condición necesaria para mejorar la educación en el país.

El texto integral del comunicado de Fecode es el siguiente:

EL GOBIERNO DE SANTOS IMPONE LA CONTRATACIÓN A DEDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MAGISTERIO

Las maniobras del Gobierno Santos contra la salud del magisterio colombiano y sus familias han conducido a la postración de los servicios y en el proceso de los nuevos contratos actuó en correspondencia con lo que desde el principio pretendió hacer: contratar a dedo 5.6 billones de pesos.

Este tipo de prácticas poco claras y con muchos cuestionamientos en cuanto a la transparencia que hoy escandalizan a Colombia, ha hecho metástasis sobre los recursos de los maestros.

El magisterio colombiano para tener acceso a un servicio de salud, paga de su salario una cuota que se denomina “aporte laboral”. Con la expedición de la Ley 91 de 1989, se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, ésta, en el artículo 5º, entre otros asuntos señala: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes objetivos:

1.- Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.

2.- Garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo.

Desde hace dos años y en aras de recibir un servicio de salud digno, el magisterio colombiano ha realizado decenas de acciones de presión, reclamos, denuncias y exigencias al Ministerio de Educación como fideicomitente del contrato de salud, a la Fiduprevisora, administradora de los recursos a través del contrato Fiduciario, a los contratistas, los órganos de control del Estado y especialmente, a la Procuraduría General de la Nación.

En las Actas de Acuerdo de septiembre de 2013, numeral 5; mayo de 2015, numeral 3; y junio de 2016, numeral 1, firmada en la “Casa de Nariño y teniendo como garante de estos Acuerdos al señor Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón”, “se estableció la prioridad de velar y garantizar que en el proceso de contratación de los servicios de salud del magisterio, se diera vía selección objetiva de los prestadores”, que “la gestión de adjudicación, implementación y vigilancia del cumplimiento de los contratos contara, en todo su trámite, con la veeduría de los siguientes organismos: El Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y Fecode”; e, igualmente, que se aprobaría “un Manual de sanciones expedito y eficaz y se instituiría la figura del Defensor del Usuario del Servicio de Salud”; pero de igual forma, que se organizaría “el Esquema de seguimiento a las obligaciones contractuales con operadores de salud”, con la determinación del 25 de julio, estos compromisos son sólo teoría y la cruda realidad los rebasó.

A pesar del caótico servicio que en los últimos años hemos venido recibiendo en la mayoría de los entes territoriales, nos vimos obligados a aceptar algunas prorrogas dado el objetivo a lograr, que se estableciera un nuevo Manual de Contratación y un nuevo Pliego de Condiciones que reglamentara acertada y objetivamente dichos contratos. Todo ha sido infructuoso. En este capítulo especial de la contratación de los servicios de salud, la Fiduprevisora en cabeza de su presidenta, la señora Sandra Gómez Arias, con una serie de estratagemas, se confabuló con el Gobierno representado por tres votos en el seno del Consejo Directivo del Fomag (Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Ministerio del Trabajo), para al final del proceso lograr lo que se habían propuesto desde un inicio con toda la serie de artimañas esgrimidas: que la contratación de los nuevos prestadores del servicio de salud, se haga a dedo.

Y a fe que lo lograron, el pasado 25 de julio decidieron mayoritariamente (3 votos contra 2) que la Fiduprevisora decida unilateralmente cuáles serán las empresas que prestarán los servicios de salud en cada una de las regiones establecidas; como se dice en el argot popular, “el ratón resguardando el queso”. En otras palabras, la Fiduprevisora, además de administrar el contrato fiduciario, auditar a los contratistas, pagarles el valor mensual de dichos contratos, también “definirá quienes serán escogidos y/o seleccionados” para prestar este servicio; es decir, el “negocio es redondo”, la Fiduprevisora será juez, parte y ente de apelación.

Fecode deja constancia de su total oposición a esta decisión e instamos, por el bien de la salud del magisterio y nuestras familias, a que la Procuraduría General de la Nación y demás organismos de control, tomen cartas en el asunto. Al magisterio le corresponde a través de actividades de protesta y denuncia en la jornada alterna, rechazar estos exabruptos y abusos de poder de la Fiduprevisora y el Gobierno, en tanto nuestro servicio de salud está al borde del colapso. Además, exigimos la prestación digna del servicio de salud como derecho fundamental y condición necesaria para mejorar la educación en el país.