–El presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, planteó la creación de un Tribunal Ético en la Rama Judicial para revisar las actuaciones de sus integrantes y ponerle freno a la corrupción en la administración de justicia.

La iniciativa la lanzó el consejero Ramirez, tras firmar una declaración de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, de la cual hacen parte también la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación y en la cual deploran los actos de corrupción denunciados recientemente y que involucran a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y a varios congresistas.

La propuesta del presidente del Consejo de Estado busca implantar un mecanismo de autorregulación de la Rama para examinar y reprochar aquellas conductas que atenten contra las reglas mínimas que deben guiar la conducta de los servidores judiciales.

En otros términos, el objetivo es que el tribunal examine la conducta de los integrantes de las altas cortes y un eventual reproche ético.

“Es algo distinto que juzgue, no penal o disciplinariamente, sino desde la violación de unas reglas mínimas que debe tener el servidor judicial, reproches éticos”, advirtió Ramirez.

El comunicado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, es el siguiente:

«Con ocasión de los recientes acontecimientos que han conmocionado a la opinión pública:

1. Deplora que, en hechos que deben ser objeto de la más completa investigación, se haya visto comprometido el nombre de algunos ex -servidores y servidores de la Rama Judicial. Tal circunstancia afecta a la Administración de Justicia, precisamente en momentos en que se requiere una reafirmación de la capacidad del aparato judicial para cumplir la delicada misión que le ha sido encomendada a sus integrantes.

2. Expresa que el juez debe ser garantía de transparencia, independencia y legalidad que sus decisiones y su conducta deben regirse por las más estrictas reglas de probidad, honradez y decoro.

3. Manifiesta que establecer las responsabilidades y adelantar las investigaciones de todos aquellos que real o presuntamente hubieren incurrido en conductas reprochables, en los ámbitos ético, disciplinario y penal, es una obligación de inexorable cumplimiento por parte de las autoridades competentes y una manifestación de confianza en las instituciones.

4. Hace pública su disposición de colaborar en todo aquello que fuere necesario para determinar la verdad de lo ocurrido y para que los procesos se adelanten con prontitud y celeridad.
Firman

GLORIA STELLA LOPEZ JARAMILLO, Presidente Consejo Superior de la Judicatura (e)
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO, Presidente Corte Suprema de Justicia
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, Presidente Corte Constitucional
MARÍA PAULINA RIVEROS DUEÑA, Fiscal General de la Nación (e)
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, Presidente Consejo de Estado
LUIS FERNANDO OTÁLVARO CALLE, Representante de los Trabajadores