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Abatido alias «Gavilán», segundo al mando del «clan del golfo»

–En un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fue muerto Roberto Vargas Gutiérrez, más conocido con el alias de «Gavilán», el segundo al mando del llamado «clan del golfo», confirmó el presidente Juan Manuel Santos, quien felicitó a la fuerza pública por este nuevo golpe al crimen organizado en el país.

Alias «Gavilán» fue dado de baja en el sector conocido como «La 40», en zona rural del municipio de Riosucio, Chocó, en limites con el departamento de Antioquia, en desarrollo de la operación «Agamenón», ejecutada por unidades de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), y de la Dirección Antinarcóticos (Diran).

El director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, trinó al respecto:

Alias «Gavilán» tenía en su contra 22 órdenes de captura por homicidio, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, entre otros delitos.

Hace mes y medio Efrén Vargas Gutiérrez, hermano de alias «Gavilán» fue abatido durante operativo realizado en zona rural del municipio de Ungía, Chocó.

A alias «Gavilán», quien inició su vida criminal a los 16 años en el grupo guerrillero Epl, se atribuye el plan pistola contra los integrantes de la Policía, por quienes, según fuentes de inteligencia, ofrecía hasta 2.6 millones de pesos.

Entre sus acciones criminales se destaca el reclutamiento de niñas entre 12 y 15 años para satisfacer sus instintos sexuales.

Alias «Gavilán” pasó de la guerrilla a integrar el llamado bloque mineros de las autodefensas, bajo el mando de Ramiro “cuco” Vanoy que operaba en la zona del Bajo Cauca antioqueño, en los límites con el departamento de Córdoba.

Vargas se desmovilizó de ese grupo en 2005, y luego se integró a la banda criminal de «los urabeños», denominada luego como «clan del golfo», encabezada por los hermanos Úsuga, alias “Giovanni” y alias “Otoniel”.

Alias «Otoniel» y alias «Gavilán»
Alias «Gavilán» una notificación azul por parte de la Interpol y por su captura el gobierno colombiano ofrecía una recompensa de 500 millones de pesos.