Este martes la Corte Constitucional admitió para estudio la demanda contra la ley 1697 de 2013, para la creación de la estampilla de manera que se convierta en una contribución parafiscal en pro del fortalecimiento de las universidades públicas.

Según la ley, dichos recursos se entregarán durante cinco años, destinando el 70% para la Universidad Nacional y el resto para las otras entidades estatales. Posteriormente, desde el sexto año de su vigencia, el porcentaje será invertido.

Un ciudadano fue quien demandó la iniciativa por considerar que la ley no cumple con los requisitos para constituirse en una contribución parafiscal, sino que se configura realmente como un impuesto.

Dicha demanda señala que: “La destinación específica de la estampilla no es para el desarrollo de un programa de inversión social, sino de gastos del estado dirigidos a la financiación de la educación pública”.

Y se agrega que: “si existe un tributo cuyo recaudo no se reinvierta al grupo económico que las tributa, no podría tratarse de una contribución sino que tendría que considerarse dicho gravamen como otra especie de tributo”.