–La Organización de Naciones Unidas, ONU, rechazó la actitud de altos funcionarios públicos del gobierno colombiano que atribuyeron los asesinatos de defensores y líderes sociales en Colombia a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas. «Esto es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables», aseguró en un comunicado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Como lo registramos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, fue el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, quien aseguró que muchos de los asesinatos de líderes sociales ocurridos en el país se han debido a «líos de faldas».

“Las causas de los asesinatos de los líderes sociales, que nos preocupan inmensamente, son variadas y casi todas responden a un micromundo en donde están desde la intolerancia, peleas por linderos, peleas por rentas ilícitas, e incluso, hasta líos de faldas hay”, expresó Villegas el lunes pasado desde Mocoa, Putumayo.

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no cree que ese sea el motivo por el que están matando a los líderes sociales.

“El ministro no dijo eso. El ministro después aclaró, porque lo citaron fuera de contexto (…) Él dijo que la Fiscalía informó que había múltiples razones para estos asesinatos que nos duelen, nos preocupan y también él lo reiteró. Es una prioridad para el gobierno tratar de impedir estos asesinatos (…) Por su puesto yo no creo que ese sea el motivo por el que están matando a los líderes sociales”, expresó el presidente Santos.

En el comunicado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirma que «los casos de homicidios de líderes y lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las Farc, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada».

Añade que los crímenes se han ejecutado «por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad».

«Como se puede observar, su labor en la defensa de los derechos de todas las personas fue determinante con las agresiones que sufrieron», subraya.

Además destaca que en un 59% los asesinatos de líderes y lideresas fueron perpetrados por sicarios.

El asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia es muy grave, dado que afecta a la población más vulnerable del país. Estos asesinatos se cometen en lugares donde la presencia del Estado es limitada y las personas no tienen acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos. Las consecuencias del asesinato de un defensor o defensora de derechos humanos son más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del gobierno. Además la magnitud de las repercusiones en el tejido social y comunitario deben ser consideradas por las autoridades estatales en su conjunto.

La Oficina ha reiterado que la prevención de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos implica la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; al igual que el país avance de manera decidida en la inclusión política, económica y social de los defensores y las comunidades y pobladores de estos territorios, promoviendo un enfoque integral de intervención, con respeto de todos los derechos.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos. Para combatir esta peligrosa práctica es necesario que los funcionarios públicos acaten la Directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación del 14 de junio de 2017 (www.procuraduria.gov.co).

La Oficina de ONU Derechos Humanos reitera que ser defensor o defensora de derechos humanos es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible.

La Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo.

Recientemente, miembros del Congreso de la República descalificaron a los y las defensoras que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, impidiéndoles posesionarse de sus cargos por el hecho de haber representado víctimas en el pasado, lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de Derecho.

En el comunicado, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa que está muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos, y advierte que para combatir esta peligrosa práctica es necesario que los funcionarios públicos acaten la Directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación del 14 de junio de 2017.

La Oficina de ONU Derechos Humanos reitera que ser defensor o defensora de derechos humanos es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible.

La Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo.

Recuerda que recientemente, miembros del Congreso de la República descalificaron a los y las defensoras que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, impidiéndoles posesionarse de sus cargos por el hecho de haber representado víctimas en el pasado, lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de Derecho.