Este jueves el Procurador General, Fernando Carrillo, advirtió que el Estado ha sido errático “frente al manejo de los derechos de las comunidades étnicas” y que “existen muchas omisiones, inconsistencias y lagunas no solo en las políticas públicas, sino en la voluntad política de nuestros dirigentes” que han puesto en riesgo a los líderes étnicos del país.

El jefe del Ministerio Público se refirió a la implementación del capítulo étnico de los acuerdos de paz y afirmó que “hay grandes vacíos, grandes déficits, absolutas falencias de Estado”.

Al instalar en la Procuraduría la 1ª Audiencia Étnica Nacional sostuvo que “esta es una asignatura pendiente que tiene el Gobierno” a la que le falta no solo desarrollo, sino el debate necesario para saber cómo se va a implementar.

Agregó que “hay acuerdos de paz en el papel, pero hay nuevas guerras en los territorios” y que el Estado ha sido incapaz de ocupar las zonas que antiguamente eran monopolio de la guerrilla y los grupos al margen de la ley.

Para Carrillo Flórez “no tiene límite” la deuda con las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual por lo que anunció un plan de acción en 2018, que será diseñado conjuntamente con los campesinos, comunidades indígenas, afro y Rrom, para brindar garantías a las más afectadas por la guerra, el empobrecimiento y la discriminación.

Reiteró el llamado a reforzar la protección de los líderes y defensores de derechos humanos, “no banalizar” el origen de las amenazas y que el Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas adopte medidas para proteger a los líderes de la región pacífica.

“Tenemos que avanzar porque no podemos permitir la indolencia de muchas autoridades de gobierno y que esto pase a ser una anécdota más entre una estadística fatal para la democracia y para los derechos de las minorías en Colombia”.

El jefe del órgano de control sostuvo que la Procuraduría General vigilará los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, con el fin de que en los municipios se garantice la participación decisiva de las comunidades y de las poblaciones étnicas en su formulación y ejecución.

Alertó sobre el “débil enfoque diferencial, étnico y territorial” en la realización del Censo Nacional de Población. “Nosotros debemos advertir desde hoy que un censo realizado a medias pondría en riesgo la materialización de los derechos de los integrantes y los pueblos de las comunidades étnicas”.

Finalmente, anunció los 5 compromisos de la Procuraduría General con las comunidades étnicas para 2018.

1. La Procuraduría será siempre el primer aliado de los pueblos en la batalla por la garantía de sus derechos.
2. Fortalecer la Delegada para Asuntos Étnicos
3. Desarrollar una política preventiva frente a temas como la identidad cultural, el territorio, la consulta previa, la autonomía, la autodeterminación, el desarrollo propio, la participación y el papel fundamental de la mujer en los compromisos de los acuerdos.
4. Defensa de los derechos de las comunidades no solo desde la función preventiva de la Entidad, sino por la vía de las acciones judicial con el apoyo de los procuradores de cada región.
5. Vincular más profesionales de los grupos étnicos a la Procuraduría.

El Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, Richard Moreno, al clausurar la audiencia alertó sobre la necesidad de “abrir un diálogo nacional con diferentes sectores del país y los grupos étnicos para buscar y encontrar canales de entendimiento”.

Señaló que la Procuraduría acompañará todos los procesos que se adelanten para alcanzar la reivindicación de esos derechos territoriales y lograr la protección y materialización de los mismos.

En la audiencia, la consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Aida Quilcué, denunció que desde la firma de los acuerdos de paz han sido asesinados más de 40 líderes indígenas, y en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y Nariño continúan el desplazamiento forzado y las amenazas contra las comunidades.

El presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), Marino Córdoba, señaló que en los departamentos que conforman el Pacífico colombiano se vive una crisis humanitaria por el avance en la región del poder armado de estructuras ilegales.

Por su parte la secretaria técnica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con Pueblos Indígenas, Ginny Katherine Alba Medina, denunció que 36 pueblos indígenas se encuentran en riesgo de extinción y otros 31 de exterminio, y agregó que la presencia de grupos ilegales en sus territorios ha ocasionado homicidios selectivos y persecución contra los líderes comunitarios.

El representante del Resguardo Indígena de Males, en Córdoba, Nariño, Eudo Kuadurán, aseguró que si el Censo Nacional de Poblaciones Indígenas no incluye a todas las comunidades, continuarán siendo invisibles no solo para el país, sino para el desarrollo de políticas públicas especiales.

En esta 1ª Audiencia Étnica Nacional, organizada por la Procuraduría General de la Nación, 17 líderes expusieron las principales inquietudes sobre temas como el territorio y derechos, consulta previa, el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, amenazas a líderes y su protección, género, mujer, familia y generación del pueblo y Acuerdos de paz y su implementación en los territorios y población étnica.