–La banda criminal «clan del golfo» y la guerrilla del Eln están enfrascados en una guerra territorial en el departamento del Chocó que ha generado fenómenos de desplazamiento, reclutamiento ilícito, homicidios y amenazas contra los pobladores de la región.

Así lo estableció el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira, quien visitó la región y escuchó los reclamos de las víctimas y de las comunidades que se agruparon en Carepa (Antioquia) y Belén de Bajirá (Chocó).

Martínez Neira señaló que las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en el Darién y el Bajo Atrato Chocó, revelan la creciente presencia del Eln en estos territorios, a partir de la desmovilización de las Farc, convirtiéndose en un nuevo factor de violencia y de conflicto armado.

Además, según las investigaciones, el llamado «clan del golfo» con cuatro de sus estructuras armadas estaría en disputa de los territorios con el Eln generando fenómenos de desplazamiento, reclutamiento ilícito, homicidios y amenazas contra los pobladores de la región.

El fiscal advirtió que en las regiones del Darién y el Bajo Atrato (Chocó) se ha registrado un incremento del 271% en los índices de criminalidad en lo corrido del año. A la fecha se han consumado 38 homicidios dolosos, frente a 14 registrados en 2016.

El origen de la mayoría de hechos violentos en Darién y el Bajo Atrato chocoano estaría ligado a problemas relacionados con el respeto a la propiedad colectiva de los pueblos afro, la titulación de tierras y el desplazamiento de familias.

El Fiscal General designó a un grupo itinerante de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales para que se quede en la zona y así identificar e investigar a los integrantes de los grupos armados ilegales responsables de estos delitos.

El fiscal destacó que en desarrollo de las investigaciones emprendidas en la zona a través de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, priorizó delitos cometidos en las regiones del Darién y el Bajo Atraco en territorio chocoano.

Para garantizar el imperio de la ley y el acceso a la justicia, un equipo especializado de fiscales, analistas e investigadores, avanza en el esclarecimiento de 38 homicidios, siete de ellos contra defensores de derechos humanos, ocurridos en el Chocó en 2017.

El equipo especializado está conformado por dos fiscales, analistas e investigadores, y tiene apoyo de policía judicial del CTI de la Fiscalía y de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional -DIJIN-.

El origen de la mayoría de hechos violentos en Darién y el Bajo Atrato chocoano estaría ligado a problemas relacionados con el respeto a la propiedad colectiva de los pueblos afro, la titulación de tierras y el desplazamiento de familias que a finales de la década de los noventa salieron de estas dos regiones por presión de los grupos paramilitares y sus redes de apoyo.

Entre 2012 y 2016, comunidades nativas comenzaron a retornar a esos territorios, pero encontraron resistencia de actores que durante años tomaron posesión de los predios y se han opuesto a los reclamos de restitución de tierras de las comunidades y a los pronunciamientos judiciales existentes.

Para lograr el esclarecimiento de estos hechos, la Fiscalía analiza más de 85 expedientes sobre terceros civiles y agentes estatales que presuntamente habrían apoyado a grupos de autodefensas entre 1994 y 2006. Asimismo, han sido identificadas 88 noticias criminales sobre eventos ocurridos en los últimos años, que tendrían relación con los reclamos por las tierras de los consejos comunitarios y las comunidades indígenas y mestizas en la zona.

La desmovilización de las Farc permitió la incursión de otros actores armados que tendrían relación directa en las acciones criminales conocidas en 2017. Según las verificaciones de los investigadores, el Clan del Golfo con cuatro de sus estructuras armadas y en asocio con reductos de las autodefensas, estaría en disputa de los territorios con el ELN, que ha incrementado su influencia en Darién y el Bajo Atrato, generando fenómenos de desplazamiento, reclutamiento ilícito, homicidios y amenazas contra los pobladores que constituyen un nuevo factor del conflicto en la región.

Al término de su visita en Carepa (Antioquia) y Belén de Bajirá (Chocó), el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, advirtió la precaria presencia del Estado, así como la necesidad de que las autoridades gubernamentales aseguren la preservación de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y de las comunidades tribales, como la forma más adecuada para prevenir las distintas formas de criminalidad que se comienzan a consolidar en la región.

Finalmente, el Fiscal reconoció que el ente investigador debe seguir fortaleciendo su equipo de fiscales e investigadores en la zona.