— La Contraloría General de la República denunció que más de 3 billones de pesos están «engordando» a las empresa fiduciarias del país, cuando se hubieran podido utilizar para financiar programas y obras en sectores vulnerables, donde se han identificado amplias necesidades de inversión, tales como vivienda, agua potable y saneamiento básico, salud y educación, entre otros.

Al efecto, el organismo de control le «jaló» las orejas a los responsables del alto gobierno y en particular al ministerio de Hacienda por esta situación y por no hacer nada para recuperar esos dineros.

Durante el periodo 2010–2016 permanecieron inmovilizados en fiducias recursos públicos por $3,21 billones en promedio anual, lo cual muestra una gran deficiencia en la gestión de estos dineros, indica la Contraloría.

Según la Contraloría estos $3,21 billones equivalen al presupuesto asignado al sector Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia 2016.

«Con la inmovilización de estos recursos y la ausencia de un control y seguimiento efectivo que permita la devolución de los mismos al Tesoro Nacional, los únicos beneficiados son las entidades fiduciarias que administran tales recursos», precisa la Contraloría en un informe sobre el estudio que adelantó sobre los recursos públicos que son administrados por las fiduciarias del país.

El objetivo era establecer si venían cumpliendo la finalidad para la cual se depositaron en tales entidades, y si se estaban destinando oportunamente a la adquisición de los bienes y servicios para los cuales fueron apropiados, puntualiza.

Fue así como se estableció que, en los últimos siete años, las entidades fiduciarias administraron recursos públicos por $104,19 billones en promedio anual.

De estos, la Contraloría tomó los recursos públicos registrados en la cuenta de inversiones vigentes al 2016 y, excluyó los que pertenecen a la seguridad social, centrando su objeto de análisis sobre $11,27 billones. Y delimitada la cifra, encontró que, de un total de 1.695 negocios, 415 son negocios con flujos de inversión inmovilizados.

La mayor parte de los recursos inmovilizados–puntualiza el informe– corresponden a Patrimonios Autónomos de empresas en procesos de liquidación que se vienen prorrogando en el tiempo sin ningún control.

La Contraloría destacó que no existe un criterio normativo uniforme ni un seguimiento estricto a la gestión de estos patrimonios, lo que explica en buena medida sus continuas prórrogas.

El organismo de control advierte que sorprendió encontrar dentro de estos negocios el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) Caja Agraria en Liquidación, PAR Adpostal en Liquidación, PAR Telecom, BanEstado en Liquidación, o el Patrimonio Autónomo BCH En Liquidación-Procesos.

Más grave aún–subraya–, se encontraron otros negocios con permanencias superiores a los 20 años y elevado valor de los recursos, como es el caso del Fideicomiso II Magdalena Medio, para contrato de concesión con Invías, por $18.650,95 millones en promedio mensual durante los últimos siete años.

En la misma situación está el Encargo Fiduciario Irrevocable de Administración, Pagos y Pignoración de Recursos por reestructuración de pasivos Ley 550, por $47.556,04 millones, en promedio para el mismo período.

Así mismo, existen recursos de contratos que han permanecido 7 años y su vigencia se proyecta por 10 años más, los cuales pertenecen a algunas entidades en liquidación y a proyectos de vivienda.

La Contraloría recordó que si bien la Ley 1753 de 2015, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, facultó al gobierno nacional para solicitar la devolución de recursos no ejecutados en patrimonios autónomos y así mitigar la falta de gestión evidenciada, en la práctica dicha facultad no ha sido utilizada por el Ministerio de Hacienda, por lo que se ha convertido en una norma totalmente ineficaz, toda vez que durante el período de estudio no se presentó ninguna solicitud de devolución y, por consiguiente, no hubo reintegros de recursos al Tesoro.

Con la inmovilización de estos recursos y la ausencia de un control y seguimiento efectivo que permita la devolución de los mismos al Tesoro Nacional, los únicos beneficiados son las entidades fiduciarias que administran tales recursos, concluyó la Contraloría.

Dentro de la reglamentación vigente referente a negocios fiduciarios, es importante destacar que con el PND 2010-2014 expedido mediante la Ley 1450 de 2011, en su parágrafo 2º del artículo 261 se ordenó a los administradores de los patrimonios autónomos el reintegro al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de los saldos disponibles en dichos patrimonios que no estuvieran amparando obligaciones y cuyo giro se hubiera realizado con más de dos años de anterioridad.

Dicha regulación fue modificada por el artículo 149 de la Ley 1753 de 2015 mediante el cual se expide el PND 2014 – 2018, pasando de ser imperativa a potestativa, para ser ejercida por el Tesoro Nacional, el cual podrá exigir el reintegro dentro del año siguiente al momento del giro. No obstante, hasta el momento no se han presentado reintegros de los mismos; el Ministerio de Hacienda explicó que no gira nuevos recursos mientras no se hayan ejecutado los disponibles “para evitar los riesgos derivados de mantener recursos públicos ociosos en entidades fiduciarias (…) garantizando que los saldos en fiducias mantengan unos niveles acordes con la gestión de pagos de la Unidad Ejecutora”.