Además, el organismo investigador anunció que la mujer fue enviada a la cárcel:
#ATENCIÓN Por solicitud de #Fiscalía, juez envió a la cárcel a Yasmira María Pinto Arregoces, hermana de exgobernadora de #LaGuajira Oneida Pinto. Es investigada por presunta responsabilidad en hechos de mortalidad infantil en #Albania #LaGuajira. Deberá responder por 3 delitos
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 18, 2018
Según la Fiscalía, Yasmira María Pinto Arregocés deberá responder por peculado por apropiación, falsedad documento privado y falsedad de documento público.
Son los mismos delitos por los cuales su hermana, la exgoberndora Oneida Pinto se encuentra detenida desde el 15 de Marzo de 2017.
A esta última se le agregan cargos por interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La fiscalía señalo que la exmandataria habría incurrido en delitos que involucran el erario y el dinero destinado para la alimentación de los menores de edad en esta sección del país.
“Los derechos de los menores están protegidos por la Carta Política y son derechos superiores contemplados en tratados internacionales,” subrayó el delegado acusador al respecto.
Los hechos que involucran a las dos hermanas Pinto Arregoces ocurrieron en el municipio de Albania (La Guajira) durante el año 2011, cuando fueron denunciadas ante diversos entes de control del departamento, las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo.
En desarrollo de la investigación sobre los contratos celebrados por la alcaldía, se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio.
Sin embargo, los convenios fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.
También se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.
Por estos hechos ya son procesados varios servidores públicos, entre ellos el exalcalde Yan Keller Hernández, quienes habían estado en el periodo de los convenios y 9 particulares que subcontrataron para la coordinación de los programas.
Los subcontratados presuntamente recibieron la suma de $1 millón 200 mil pesos cada uno, para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.
Entre estos últimos había personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa saliente.
