La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó en los departamentos de Córdoba y Santander operaciones de extinción de dominio sobre bienes pertenecientes a las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y a una red narcotraficante que delinquía en Colombia y Perú.

En el primer operativo fueron ocupados diez predios ubicados en el municipio de Valencia (Córdoba) de propiedad de un presunto testaferro de la organización criminal Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

La materialización de la medida de embargo secuestro y suspensión del poder dispositivo fue adelantada en coordinación con la Fiscalía de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, los predios que se ubican en zona rural del corregimiento de Jaraguay tienen una extensión de 204 hectáreas y están avaluados en $326.595.548.

De acuerdo con la investigación, los bienes se encontraban situados en un punto estratégico para los planes de expansión territorial de la organización armada lo que produjo el desplazamiento de campesinos y dueños a quienes compraban los predios a precios irrisorios o bajo amenazas.

Los bienes incautados entrarán a formar parte del Fondo para la Reparación de las Víctimas del Conflicto, entidad administrada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) de la Presidencia de la República.

Simultáneamente en el marco de la operación “Darién II” que se llevó a cabo bajo la coordinación de la Dirección Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio, en el departamento de Santander fueron ocupados muebles, inmuebles y títulos valores de propiedad de una persona conocida como ‘El alcalde’, un presunto narcotraficante capturado por la Policía Nacional en el año 2015.

Las medidas de embargo secuestro y suspensión del poder dispositivo fueron aplicadas sobre seis bienes representados en fincas, automotores y títulos valores ubicados en el municipio de Chipatá, Santander.

Las pruebas de carácter financiero, tributario, patrimonial y mercantil, obtenidas contra el emporio económico de ‘El alcalde’ y otras personas permitieron establecer el origen ilegal de las propiedades.

‘El alcalde’ es señalado de tener vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa y de participar en el envío de estupefacientes hacia Europa y Centro América. Casi 14 toneladas de cocaína le fueron incautadas por la Policía y la DEA en operaciones adelantadas en Colombia y Perú.

Entre los bienes ocupados se encuentran cuatro fincas, un automotor y un título valor avaluados comercialmente en $4.272.000.000.