La Procuraduría General de la Nación hizo observaciones al alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, que llevaron a decretar la suspensión de la audiencia para la adjudicación de la licitación del alumbrado público del Distrito Turístico, por valor de $61.297.760.621.

El ente de control señaló que según el informe presentado por los evaluadores jurídico, financiero y técnico del proceso, el proponente “Promesa de Sociedad Futura «Alumbrado Público de Santa Marta S.A.S.”, único interesado, no cumple con los requisitos habilitantes según el pliego de condiciones.

La Procuraduría consultó el proceso de licitación en el SECOP y encontró que aunque el proponente tenía plazo, entre el 10 y el 16 de agosto para subsanar los requisitos habilitantes, no registró ningún documento.

Llamó la atención al ente de control que la administración a través de la adenda No.6 modificó el cronograma del pliego de condiciones, argumentando que los evaluadores requerían ampliar el plazo para efectuar la actualización del informe de la documentación aportada por el único proponente.

La Procuraduría consideró como un hecho sorpresivo que en el SECOP aparezca publicada una anotación de fecha el 24 de agosto, donde se afirma que “Promesa de Sociedad Futura” subsanó los requisitos habilitantes el 16 del mismo mes, y que estos no fueron publicados en su momento por la administración.

Para la Procuraduría resultó inquietante el hecho de que el 22 de agosto la alcaldía no hubiera revelado la existencia de los documentos del proponente para subsanar los requisitos habilitantes.

A las 2:30 p. m. se reanudará la audiencia, en la cual debe darse respuesta a las observaciones hechas y adoptarse por el Distrito las medidas administrativas del caso.