La destitución e inhabilidad por diez años de Sandra Milena Rodríguez Amarillo, exalcaldesa local de Tunjuelito, corrió por cuenta de la Personería de Bogotá, en primera instancia, por irregularidades en la suscripción de un convenio de asociación por cerca de $38 millones con la Corporación de Servicios de Colombia.

El convenio estableció que el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito aportara $34 millones y la Corporación $3.4 millones. El plazo de ejecución fue de tres meses contados a partir del acta de inicio suscrita en enero de 2015

La investigación determinó que la exfuncionaria contrató para “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de reorganizar los frentes de seguridad ciudadana… adecuando óptimamente los diferentes dispositivos electrónicos, como las alarmas comunitarias…”

De acuerdo con el fallo, con la firma del convenio se eludieron los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva de la contratación estatal, además se desconoció realizar una convocatoria pública para escoger la más adecuada y eficaz propuesta.

En este caso, el convenio de asociación se utilizó indebidamente al adquirir servicios, que deben ser surtidos mediante concurso público y no a través de una figura excepcional, en la que se aúnan esfuerzos con organizaciones altruistas para impulsar programas de defensa y protección de personas en debilidad manifiesta, minorías, derecho a la educación, entre otras.

Los convenios de asociación tampoco generan una contraprestación para la entidad pública ni permite que éstas emitan instrucciones al contratista para que cumplan con el objeto del contrato.

Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por la Personera de Bogotá, en segunda instancia.