Se trata del Tribunal Superior de Bogotá que negó este viernes la petición de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento contra Juan Carlos Granados, actual contralor de la capital, debido a que habría favorecido a la brasileña Odebrecht siendo gobernador de Boyacá entre los años 2012 y 2015.
El tribunal no encontró indicios suficientes para concluir que interferirá en el proceso y no representa un riesgo para la sociedad por su labor actual de control fiscal en Bogotá.
El magistrado Fabio Bernal, señaló que: “No se puede argumentar la medida de aseguramiento sólo con base en la gravedad de los delitos imputados por parte de la Fiscalía” y porque sea un funcionario público.
Y agregó que no es evidente que tenga una relación con una organización criminal, como tampoco que tenga antecedentes ni penales ni disciplinarios, por el contrario se ha hecho evidente su disposición a responder.
Bernal indicó que: “No se advierte un peligro de fuga por parte del contralor lo que demostraría que está presto a seguir compareciendo a cada una de las citaciones de la justicia”.
Se conoce que la Fiscalía acusa a Granados de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público, porque presuntamente recibió 200 millones de pesos para asegurar que Odebrecht obtuviera la adjudicación de obras en Boyacá.
Juan Carlos Granados, contralor de Bogotá, decidió asumir su propia defensa y admitió que conoció a Luis Bueno y Eleuberto Martorelli, directivos de Odebrecht, pero que solo lo hizo hasta elaño 2013 en calidad de gobernador de Boyacá.
El funcionario también dijo que no es cierto que haya recibido 200 millones de pesos de los directivos de Odebrecht, para el financiamiento de su campaña a la Gobernación de Boyacá.
La Fiscalía General señaló que hay evidencias para demostrar que Granados sostuvo varias reuniones con el exsenador Plinio Olano, directivos de Odebrecht en Colombia, entre otros, con el objeto de: “pactar una estratagema para lograr un desembolso de 200 millones de pesos a cambio de financiar su candidatura a la gobernación y favorecer a la multinacional”.
El contralor no tuvo en cuenta las pruebas de la Fiscalía acerca de que Granados expuso a los directivos de Odebrecht lo respectivo al contrato de la vía Duitama-Charalá-Sangil, cuya obra finalmente no accedió la multinacional brasileña al considerarla que era insostenible financieramente.
Para el contralor, Odebrecht ni siquiera presentó propuesta para acceder de manera formal a este proyecto.
En Julio pasado, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, por presuntas conductas irregulares tendientes a favorecer a la multinacional Odebrecht en proyectos de su interés como la vía Duitama – San Gil y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre.
La Procuraduría se fundamenta en evidencias probatorias que podrían comprometer la responsabilidad disciplinaria del investigado, quien pudo haber influido en decisiones en favor de terceros, valiéndose de su condición de gobernador o de presidente de la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
La decisión también cobija al exsecretario de Infraestructura del departamento, Bernardo Umbarila y al exdirector de la CAR Cundinamarca, Alfred Ignacio Ballesteros.
