Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la prórroga de la Ley de Orden Público por cuatro años más, lo que le permitirá al Gobierno, basado en herramientas que contiene la norma, explorar eventuales diálogos de paz con grupos alzados en armas.

Sin embargo, fueron negadas las pre-condiciones para una eventual continuación de las negociaciones con el Eln, según lo advirtió la representante a la Cámara por el partido Verde Juanita Goebertus, quien consideró que los condicionamientos hacian inviable un proceso de paz con ese grupo.

Entre otras cosas,dijo, se exigía el desmonte de todo el aparato armado antes de iniciar una negociación, «haciendo inviable cualquier proceso”.

Destacó que el texto aprobado incluye la creación de las zonas estratégicas de intervención integral, que podrían competir con los PDETS (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). «Además, eliminamos una serie de proposiciones que pretendían favorecer nuevos procesos de desmovilización individual», puntualizó.

La congresita Juanita Goebertus detalló estos puntos, tras la aprobación de la ley de Orden Público:

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, destacó la aprobación de este proyecto de ley que “tiene vigencia de cuatro años porque es el marco que le permite al gobierno una decisión frente a un nuevo proceso”.

“Esta es una herramienta que hay que renovarla cada cuatro años. Cuando llega un nuevo Gobierno, el Presidente debe tener la potestad de definir si hace un acuerdo de paz con los grupos al margen de la ley y debe tener herramientas para garantizar el orden público”, explicó la ministra.

También dijo que el Gobierno reglamentará una subcuenta en el Fondo de Programas Especiales para la Paz con el fin de financiar los planes, programas y estrategias que se implementarán en las zonas estratégicas de intervención integral, cuya financiación debe provenir de recursos adicionales del presupuesto, cooperación internacional y aportes del sector privado.

El Consejo de Seguridad Nacional determinará cuándo una organización se califica como grupo armado organizado al margen de la ley y las condiciones necesarias para que pueda ser objeto de los instrumentos contenidos en esta ley.

Esta prórroga contempla el empadronamiento de las armas de acuerdo con el reglamento del Gobierno Nacional y la reglamentación, por parte del Gobierno, de inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas, entre otros.

El senador Germán Varón (Cambio Radical), ponente de la iniciativa, sostuvo que el Consejo de Seguridad Nacional es el que tiene la potestad para determinar con qué grupos se negocia.

Precisamente, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aclaró ante las comisiones conjuntas que el jefe de Estado, Iván Duque, es quien preside el Consejo de Seguridad Nacional, que además lo integran varios ministros y otros altos funcionarios del Estado.

Al comentar sobre los alcances de la ley prorrogada, el senador Varón expresó: «Eliminamos una serie de condiciones que nos parece que le quitaba flexibilidad a una determinación presidencial de entrar a negociar a otros grupos distintos a las Farc».

Manifestó que si no hay una calificación política dentro de la negociación, el que debe entrar a juzgar es la justicia ordinaria. «Creemos que el Estado ya ha extendido la mano y ahora hay que apretar».

Por su parte, el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) afirmó que con las zonas estratégicas de intervención se pretende debilitar el acuerdo de paz. «¿Para qué crear otro tipo de inversión y para qué crear facultades que ya existen? Demandaremos este artículo por inconstitucional».

El senador Julián Gallo (FARC) afirmó que lo que realmente se busca con esa disposición es el regreso de la seguridad democrática.

Seguidamente intervino la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), quien aseguró que los que se oponen a la norma «viven en otra realidad», a la vez que dijo que el presidente Duque busca concretar en el país la paz real.

La Ley de Orden Público establece que las citadas zonas estratégicas de intervención integral estarían en regiones afectadas por la criminalidad.

Para el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), lo importante es que el gobierno impulsó la prórroga, ya que se brindan herramientas para desarrollar un acuerdo de paz. «Lo primero que quiero destacar es un hecho político. Si el gobierno nacional está impulsándola la prorroga 418 de orden público, es porque evidentemente lo va a utilizar y desea tener el instrumento para iniciar o mantener un proceso de paz».

Agregó que allí existe un mensaje político muy importante que se debe valorar. «El otro tema son los instrumentos que pide el gobierno para atender algunas zonas que consideran que tienen problemas de orden público».

Entre tanto, el senador Carlos Guevara (Partido MIRA), añadió: «Se logra integrar las dos visiones frente a la posibilidad de un proceso de paz. Se mantienen los Pedets, que son las zonas estratégicas donde el gobierno quiere interponer una nueva visión para procesos de paz, y la regularización del porte de armas en el país, para empadronar todas las armas».

De la misma manera se creó un centro de organización contra las finanzas de las organizaciones de delitos transnacionales y terrorismo y se facultó al Gobierno para reglamentar inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas.

La iniciativa pasa ahora a estudio de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.