En el marco del panel ‘Las Víctimas en el Centro, los retos de la política pública’, organizado por OIM, USAID, la Universidad del Rosario y El Espectador, el director (e) de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, planteó que para prorrogar la Ley de Víctimas más allá del 2021, año límite de su vigencia, es necesario realizar diversas acciones tendientes a atender a las víctimas del conflicto armado de una manera responsable y eficiente.
La prórroga a la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, es un compromiso del gobierno del Presidente de la República Iván Duque, según lo afirmó el director (e) de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade. “Para extender la Ley 1448 se debe revisar la articulación institucional en el tema de atención a víctimas, tener austeridad en el uso de los recursos, realizar ajustes en temas contractuales que permitan que estos recursos vayan al pago de indemnizaciones y depurar el Registro Único de Víctimas”, dijo Rodríguez.
El funcionario explicó que la Unidad para las Víctimas se encuentra realizando una depuración del Registro Único de Víctimas (RUV) debido a que ha detectado que posiblemente 200.000 personas recibieron beneficios del Estado sin ser víctimas.
“Son 200.000 registros de víctimas que incurrieron posiblemente en un fraude, lo que estamos haciendo es verificando esta situación para darle trámite ante las autoridades competentes, y excluirlas del registro, como ya lo hemos venido haciendo. La depuración permitirá que las verdaderas víctimas afectadas por el conflicto armado tengan una reparación efectiva, sabremos cuántas son y cómo les vamos a cumplir”, dijo. Si estas personas llegan a ser culpables, serían procesadas por falsedad en documento público. Sobre este particular, se desconoce cuántos han recibido indemnización.
Laurence Sacks, director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) en Colombia, manifestó que “ha sido crucial poder escuchar las voces de las víctimas del conflicto armado para lograr una reparación transformadora y dignificante”.
En el panel, Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, manifestó que “muchas víctimas necesitan sanar internamente, no se puede cualificar el daño moral y psicológico, por eso necesitamos la articulación de las instituciones que hacen parte del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas)”.
En respuesta a esa petición, el director de la Unidad indicó que “la Unidad para las Víctimas implementará una estrategia de acompañamiento integral que permita desarrollar acciones de satisfacción, garantías de no repetición y acompañamiento psicosocial a las víctimas que se focalicen anualmente para la indemnización. El Ministerio de Salud atenderá la demanda de rehabilitación física, mental y psicosocial de las víctimas a través de estrategias individuales y grupales, para lo cual se buscará incrementar la cofinanciación de estas estrategias con recursos de las entidades territoriales.”
Ramón Rodríguez también reconoció que “lo que hace sostenible la paz es la presencia efectiva del Estado en el territorio, reconociendo sus particularidades, y la generación de bienes públicos y servicios sociales para la inclusión social y productiva de la población víctima”.
Entre los panelistas del evento se encontraba Ana Durán, jefe de misión de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), quien expresó que es vital apoyar los procesos encaminados a la recuperación de la confianza en la institucionalidad. “Reconocemos los esfuerzos del Gobierno con los talleres regionales que se desarrollan en el territorio nacional”, afirmó.
Otros panelistas, moderados por Gloria Castrillón, directora editorial de Colombia 2020, de El Espectador, concluyeron que se debe mejorar la implementación de la Ley 1448 mediante la articulación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, manteniendo los aciertos y lecciones aprendidas en el proceso y trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Salud en los procesos de atención sicosocial.
En cuanto a los procesos de memoria histórica y colectiva, Bill Rolston, profesor emérito de sociología del Instituto de Justicia Transicional, de la Universidad de Ulster, Belfast, Irlanda del Norte, compartió su experiencia con el tratamiento del conflicto en Irlanda y la importancia de las expresiones simbólicas de memoria que les permiten a las víctimas narrar el pasado mediante la elaboración de murales. “La memoria necesita ser pública y es necesario que alguien escuche respetuosamente, y al final del día ese ‘alguien’ debe ser toda la sociedad”.
Sorrer Aroca, gobernadora de Putumayo, expresó que “la recolección de historias es necesaria para la memoria del país, las víctimas deben ser el centro de la política pública, debemos revindicar la vida”.
Acerca de los recursos destinados a la indemnización de víctimas el director (e) de la Unidad contó que hasta el momento “837.364 personas han sido indemnizadas por un monto que asciende los 5,5 billones de pesos; en atención y ayuda humanitaria se han invertido 4,6 billones de pesos desde el año 2012; más de 4 millones de víctimas han recibido algún tipo de atención; se han identificado 786 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC); se han reconocido cerca de 9.000 víctimas colombianas en el exterior y se han empezado a brindar las medidas que son necesarias fuera de nuestras fronteras”.
