Esto con el objetivo de adelantar las investigaciones necesarias por el pago de sobornos de Odebrecht para beneficiarse con contratos viales entre los años 2009 y 2014.

La corte terminó aceptando la ponencia del magistrado Gerardo Botero de la Sala Laboral de la Corte, que proyectó la solicitud de una terna para garantizar transparencia en las investigaciones.

El alto tribunal también aceptó el impedimento que presentó la vicefiscal General, María Paulina Riveros, y ahora comunicará oficialmente esta decisión al jefe de Estado con el fin que envíe la terna.

El procurador General, Fernando Carrillo, había respaldo la recusación contra la Vicefiscal General debido a que: “podría afectar la confianza de la ciudadanía en los avances investigativos”.

La Procuraduría señaló que: “La transparencia constituye hoy día un elemento constitucional a los sistemas democráticos modernos, por lo que las actuaciones que realice el Estado a través de sus ramas y órganos de control deben estar vigiladas por parte de sus asociados”.

Y agregó que cuando hay conflictos de servidores públicos: “en razón de circunstancias previas a su cargo (…) resulta plausible apartar al funcionario”.

La Corte Suprema tuvo en cuenta las pruebas que dejó Jorge Pizano, antes de fallecer, la petición del Procurador Fernando Carrillo, y de la misma vicefiscal quien señaló que acompañaba, si había impedimento, el nombramiento.