Panorama Nacional Política

Pacto Por Colombia consolidará la presencia del Estado en todo el país: MinInterior

Foto MinInterior
Ante la Corte Constitucional, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que a través de los ejes de Legalidad, Emprendimiento y Equidad, el Gobierno del presidente Iván Duque, busca dar respuesta a las necesidades de las comunidades desplazadas y garantizar los derechos humanos.

Nuestro compromiso con Colombia es defender la legalidad, promover el emprendimiento y lograr equidad, y con ello empezar a construir un camino que de una vez y por todas permita asegurar la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez en la Audiencia Pública de seguimiento a la sentencia T025 de 2004.

«El pacto por la legalidad se basa en la consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la convivencia y asegurar el acceso a una justicia eficaz, eficiente y efectiva que faculte el trámite pacífico de los conflictos, en el marco de las instituciones y la Ley».

Según el mapa de riesgo presentado en su intervención, los municipios de Tumaco, Buenaventura, Riosucio (Chocó), Medellín, Cali, Hacarí Alto Baudó, El Litoral del San Juan, Santa Bárbara (Nariño) y El Charco, concentraron el 31% del total de casos de desplazamiento forzado, 11% de amenazas y 9% de homicidios en el año 2017.

El Registro Único de Víctimas muestra una disminución del desplazamiento forzado. Comparando los desplazamientos: 2017 tuvo una disminución del 63,95%, con 110.159 expulsiones y el 2018 (con corte a octubre) de 76,91%, con 70.562 expulsiones.

La ministra precisó que alcanzar la superación de esta situación, pasa por la estabilización de los territorios, lo que supone la ejecución de acciones integrales y eficaces por parte del Estado en materia de seguridad y desarrollo social, así como la puesta en marcha de estrategias de intervención coordinadas con las autoridades territoriales y con la participación de las comunidades.

Por ello, dijo que el Gobierno pondrá en marcha las acciones del Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de DDHH, comunales y periodistas el 1 de diciembre, a través de una articulación interinstitucional, acortando los tiempos en las respuestas a las alertas tempranas