El dramático panorama fue verificado por funcionarios de la entidad que durante 10 días recorrieron los municipios de Medio Atrato, Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Turbo, ubicados en la cuenca del río Atrato.
“Este ecosistema y las connotaciones culturales que representa para las comunidades, se encuentra gravemente amenazado por diferentes factores como el uso de cloaca que se le está dando. Allí los cementerios están a la orilla del río, generando contaminación al mismo, además, en algunas poblaciones se desarrollan actividades extractivas de gran impacto”, dijo Sandra Lucía Rodríguez Rojas, Delegada para los derechos Colectivos y del Ambiente.
Uno de los temas más delicados es que esta fuente hídrica está contaminada desde su nacimiento en el municipio de Carmen del Atrato, hasta su desembocadura, debido al vertimiento de mercurio, cianuro y otras sustancias químicas, así como de combustibles y lubricantes. Estos materiales son utilizados en la minería ilegal.
Unido a esto, se evidenció que solamente Medio Atrato cuenta con una disposición técnica de los residuos sólidos y en los demás municipios esta se hace prácticamente en el río. Y aunque autoridades de algunas localidades manifestaron que cuentan con celdas transitorias, en las visitas se pudo evidenciar que no son más que ‘botaderos a río abierto’ y que ninguno cumple con las normas técnicas para su operación, situación que está contribuyendo a deteriorar la sostenibilidad del recurso.
Poblaciones como las del corregimiento de Bocas del Atrato, del municipio de Turbo, donde desemboca el río, reciben toda la contaminación de los municipios que se encuentran río arriba.
Otro factor que contribuye a la destrucción del Atrato es la deforestación, haciéndose flagrante de la violación de los derechos de las comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas para las cuales el río está indisolublemente relacionado con su vida, pues sus acciones cotidianas se desarrollan allí.
Este preocupante panorama se recrudece por la presencia de actores armados ilegales que desarrollan economías ilícitas como extracción de minerales, narcotráfico, tala ilegal de bosques y praderización, entre otras.
A pesar de que el río Atrato fue reconocido por la Corte Constitucional en diciembre de 2016 como sujeto de derechos, hay omisión de las autoridades municipales para garantizar el derecho humano al agua y los alcaldes se escudan en el desconocimiento, la falta de recursos y la consecuente incapacidad para actuar.
Por último, la Defensoría pidió a las autoridades que se adopten políticas públicas y la sensibilización de la comunidad para un mejor cuidado del afluente.
