Con 61 votos a favor pasó a quinto debate el Proyecto de Acto Legislativo 072 de 2018, que adiciona dos artículos a la Constitución Política y estipula que en ningún caso el delito del secuestro ni los relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados delitos políticos o conductas conexas a estos.

“El Estado colombiano debe sentar un precedente en el sentido de deslegitimar el uso del secuestro como mecanismo para la financiación de la lucha armada. Esta práctica es abiertamente contraria a los derechos humanos constituye un ataque indiscriminado a la población civil y en consecuencia debe ser castigado con la mayor severidad”, aseguró la Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero.

La alta funcionaria , señaló que si bien la Constitución de 1991 no define explícitamente el delito político, sí lo hace frente a sus consecuencias, “continuando con la tradición de la Constitución de 1886, que elevó a rango constitucional el tratamiento ‘privilegiado’ o ‘benévolo’ de los delitos políticos”, afirmó.

Así mismo explicó que dicho tratamiento benévolo para estos delitos consiste, principalmente, en considerarlos indultables, amnistiables, en no proceder la extradición contra sus autores y en no generar antecedentes que impidan a sus autores el acceso a cargos de elección popular.

“Este proyecto obedece fundamentalmente a necesidades jurídicas y técnicas, pues se trata de ponerle límites al desbordado alcance que al delito político y sus consecuencias –amnistías e indultos- se les ha querido dar”, indicó Borrero Restrepo.

La titular de la cartera de Justicia aseguró que tanto el secuestro como el narcotráfico han sido delitos que tradicionalmente se han excluido del beneficio de conexidad con delitos políticos, dada la gravedad del daño social que han causado.

“El secuestro es un grave crimen de guerra, y además, en el contexto en que ha sido practicado en Colombia -como parte de un plan y ejecutado de manera sistemática- constituye un delito de lesa humanidad en los términos del Estatuto de la Corte Penal Internacional”, anotó.

Además recordó que el narcotráfico ha ordenado y financiado los homicidios de miles de colombianos honestos que se han opuesto a sus designios. “Es un problema de seguridad nacional y de salud pública”, añadió.

Para la Ministra, es necesario que el Congreso imponga límites normativos a la aplicación de la conexidad, evite beneficios injustificados y pondere los efectos dañinos que conlleven la falta de castigo efectivo de conductas punitivas transnacionales.

La alta funcionaria afirmó que este Acto Legislativo, que ya dio su cuarto paso para convertirse en reforma constitucional, conlleva un mensaje muy positivo para el país.