Una de las grandes apuestas de Gustavo Petro es sacar adelante una reforma tributaria ambiciosa que pretende recaudar 22 billones de pesos, en un país donde la pobreza llegará al 39,2% a finales de año y donde solo el 1% de los colombianos tiene el 23% de la riqueza.

Aunque la propuesta ha sido polémica, la actual administración ha dejado claro que es la única manera de recuperar las finanzas de la nación y así garantizar los recursos suficientes para la implementación de los programas sociales con los que se espera disminuir la brecha de pobreza.

El pasado jueves 7 de octubre, la reforma dio su primer gran paso en el Congreso de la República luego de que las comisiones terceras de Senado y Cámara encargadas de temas económicos, aprobaran el texto presentado por el Gobierno en primer debate, el paso inicial para lograr que se convierta en ley.
Debate en el Congreso

En un debate el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, expuso su ponencia negativa a la reforma, haciendo alusión a que Colombia no tiene una situación fiscal que haga necesario este aumento impositivo que considera agresivo.

Uribe, una de las caras visibles de la oposición al Gobierno de Petro en el Legislativo, reiteró en la plenaria que lo único que generará esta reforma es más desempleo, más pobreza y un aumento descontrolado de la inflación.

Sin embargo, tener las mayorías en el Congreso le da una tranquilidad al Gobierno para poder tramitar un proyecto que tiene mensaje de urgencia y que arrancaría a regir en 2023.

«Hemos allegado 22 billones de pesos para poder financiar el plan de desarrollo del presidente Petro en el que están incluídas las prioridades de justicia social, la paz total en los territorios y los diálogos ciudadanos que se están llevando a cabo a lo largo del país», dijo Clara López, integrante de la Comisión Tercera del Senado.

«Los recursos saldrán de los que tienen más ventajas en la sociedad y serán ellos quienes ayuden a que haya mejor calidad de vida en las zonas más afectadas de Colombia», agregó.

Con posterioridad, en conversación con Sputnik, López aportó los datos que soportan lo que será una reforma tributaria encaminada, según el Gobierno, a la protección de la economía misma: solo el 1% de los colombianos recibe el 23% de todos los ingresos del país por lo que cobrarle a esta clase beneficiada por décadas no afectará su capacidad de pago y aumentará el poder adquisitivo de quienes menos tienen.

Los ciudadanos que ganen menos de 10 millones de pesos al mes no harán parte del gran recaudo de personas naturales que espera lograr el Ministerio de Hacienda.

En cuanto al impuesto de la renta, López reiteró en el recinto que dos de cada tres pesos del dinero que entre a las arcas de la nación vendrán de quienes tengan ingresos superiores a los 20 millones de pesos mensuales. «Con esto clarificamos que no es cierto que queramos golpear a la clase media o popular, sino que será la clase media alta la que será gravada con un porcentaje más alto».

López también habló de la gran diferencia entre esta reforma y la que quiso imponer el expresidente Duque, que generó el descontento de la población y las marchas multitudinarias en 2019.

«A diferencia de los Gobiernos anteriores lo que se quiere implementar es una progresividad en los impuestos a la renta, como lo manda la misma constitución, y no fortalecer los impuestos regresivos como el IVA», añadió López durante su intervención.

Con el lema de que Colombia debe darle más oportunidades a los jóvenes, la idea del Gobierno es que las organizaciones que den empleo a las personas menores de 28 años tendrán excepciones tributarias al punto de disminuir sus impuestos de renta hasta en un 120% de los salarios pagados.

Otro de los beneficios es la reducción del IVA a cualquier empresa que apueste a la transición energética e importe maquinaria que utilice energías limpias.

Por último, la senadora López mandó un mensaje a los dueños de los grandes capitales: si hacen inversiones de gran magnitud, que tengan impacto en los próximos 20 años en cuanto a la generación de empleo, tendrán réditos tales como quedar exentos del impuesto a la riqueza o patrimonio.

«Hay que entender algo y es que acá no estamos aumentando de una manera desproporcionada los impuestos. Lo que queremos es reducir las exenciones que los antiguos Gobiernos les dieron a las clases altas», concluyó.