Según cifras del Instituto Nacional de Salud – INS, de 293 personas quemadas, 129 son menores de edad y 164 son adultos.
Así mismo la Defensoría hace un llamado a los gobiernos nacional, departamentales y locales para que adelanten las acciones pertinentes, oportunas y eficaces con el fin que los derechos de los niños no sean afectados por las circunstancias mencionadas, especialmente cuando estas son prevenibles.
Señala, de igual manera, que las familias colombianas deben ser fortalecidas por las acciones estatales a efectos de que se constituyan en el primer entorno protector de los derechos de la niñez, asumiendo actitudes y comportamientos responsables en su cuidado
De manera complementaria el Defensor del Pueblo solicita que las autoridades administrativas- Defensores de Familia, Comisarios de Familia e Inspectores de Policía a nivel nacional, al ICBF como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a las alcaldías municipales y distritales, a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, no cesar en su empeño de identificar y sancionar de manera ejemplar a los responsables de que los niños, niñas y adolescentes, sean víctimas del uso y manipulación de la pólvora o juegos pirotécnicos o cualquier otro elemento que les afecte su integridad física y comprometa su vida.
En tal sentido se hace imperioso que cualquier persona que conozca de situaciones como las que nos ocupa, las denuncie inmediatamente para lograr la judicialización inmediata de los responsables, tal y como lo dispone la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Nacional de Policía.
