Se trata de miembros de la Comisión Colombiana de Juristas y analistas como Jorge Iván Cuervo, los que le solicitaron formalmente al Consejo de Estado que anule la elección de Néstor Humberto Martínez como Fiscal General de la Nación, argumentando un error de falsa motivación en los documentos que se expidieron para su nombramiento.

Según los demandantes, la Corte Suprema de Justicia no contó con la información suficiente para determinar que Martínez Neira era el candidato más idóneo para el cargo, toda vez que no fue informada sobre lo que este conocía del caso Odebrecht.

La demanda sostiene que: “Martínez Neira omitió entregar información grave y relevante sobre su grado de conocimiento del escándalo de corrupción de Odebrecht y el involucramiento en el mismo de empresas y personas a las que él había representado, concretamente Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo AVAL”.

El director de la Comisión Colombiana de Juristas, dice que: “Si el fiscal hubiera puesto de presente la existencia de esta circunstancia, del conocimiento que tenía con los hechos relacionados del caso Odebrecht, la Corte Suprema de Justicia habría podido tener una motivación distinta para hacer la elección”.

Así las cosas, los demandantes argumentan que según el Acuerdo 871 de 2016 y la confirmación de la elección expedida por la Sala Plena, se dieron bajo la falsa motivación, causal válida para la declaratoria de nulidad.

Y están apoyados en lo informado por Jorge Pizano, excontralor de la Ruta del Sol, que: “Para ese momento ya era evidente que la forma de hacer negocios de Odebrecht incluía la utilización de herramientas como el soborno para conseguir contratos públicos. Jorge Enrique Pizano lo entendió así y, Néstor Humberto Martínez Neira también”.

La demanda está solicitando una respuesta oportuna del Consejo de Estado, pidiendo la suspensión provisional del Fiscal Néstor Humberto Martínez.

Los demandantes insisten en que: “Hemos pedido la suspensión provisional del nombramiento y le recordamos al Consejo de Estado que en el caso de la demanda contra el nombramiento del procurador Alejandro Ordóñez, el hecho de que no hubiera habido una decisión oportuna permitió que él se desempeñara como procurador prácticamente durante todo el periodo”.