El Gobierno Nacional señaló este miércoles que, si bien el asesinato de líderes sociales en el país tiene muchas causas, es el narcotráfico la actividad que más ha cobrado la vida de defensores de derechos humanos.

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, indicó que: “Todo esto indiscutiblemente tiene una causa y es el narcotráfico. Cerca de 200.000 hectáreas de narcotráfico y una batalla en contra de esta practica ilícita, es la que ha llevado definitivamente a que se vean amenazados los líderes en Colombia”.

Y agregó que: “El Gobierno Nacional tiene una acción concreta para acabar con esos grupos armados organizados ilegales, adicionalmente llegar al territorio, hacer presencia con el Estado y buscar que la Fiscalía y la Justicia puedan combatir la impunidad”.

La funcionaria dio inicio a una serie de visitas a las regiones más afectadas por las amenazas a líderes sociales en el país, comenzando por San Vicente del Caguán.

El tema de los líderes sociales y defensores de derechos humanos hizo que el presidente de la República, Iván Duque, convocara una reunión de alto nivel con la Comisión Nacional de Garantías el próximo 30 de enero.

Ya la Defensoría del Pueblo había revelado el asesinato de siete defensores de derechos humanos y líderes sociales en lo que va del 2019.

Este dato es similar al de organizaciones sociales como Indepaz, que señalan seis homicidios de líderes y el asesinato de un excombatiente de las Farc.

«Necesitamos que jueces batallen contra la impunidad y avancen en esclarecimiento de las amenazas»: Nancy Patricia Gutiérrez

«Venimos a dar respuesta a la alerta de la Defensoría del Pueblo», afirmó la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, acompañada de una delegación del Gobierno, Naciones Unidas y organismos de control, a su llegada a San Vicente del Caguán, en donde reiteró la preocupación del Gobierno, en cabeza del Presidente Iván Duque «por el efecto de grupos armados que quieren generar incertidumbre en la población».

“Necesitamos que los jueces batallen contra la impunidad y se avance en el esclarecimiento de las amenazas. El próximo 31 de enero estaremos con el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, para revisar cómo armar estos equipos de jueces que acompañarán los procesos de investigación”, dijo la Ministra del Interior.

«Es importante que quede constancia de que estamos todas las instituciones del Estado. Definimos tareas y acciones concretas, a las que haremos estricto seguimiento», concluyó el jefe de la cartera política, quien lideró una jornada de trabajo en la que la delegación del Gobierno escuchó a las autoridades territoriales, Fuerza Pública, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y a los líderes sociales para conocer de primera mano su situación y articular acciones de prevención y protección.

La participación del Ministerio en la convocatoria de la Gobernación del Caquetá para analizar la situación de los líderes sociales, el refuerzo del dispositivo de seguridad en la zona, la protección del Espacio Territorial de Reincorporación de Yarí y Miravalle, la acción conjunta del Gobierno con los municipios, la identificación y trámite de solicitudes de protección de quienes asumen el posconflicto son otros de los compromisos adquiridos.

Así mismo, la Ministra anunció que la Dirección de Participación se reunirá con las 386 Juntas de Acción Comunal para mirar con detenimiento la situación de los líderes comunales y con la de Asuntos Indígenas para resolver la calidad de vida de la comunidad yaguara.