Así lo determinó la Procuraduría General, tras asegurar que los procesos disciplinarios por violaciones al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad y de guerra contra agentes del Estado no prescribirán.

La entidad también reactivó al menos 1.200 expedientes que estaban a punto de ser archivados luego de cumplir los 12 años que da la ley para decidir sobre ellos.

Con dicha decisión se evita que los casos finalicen sin que se pueda establecer la responsabilidad o no de los agentes del Estado que son investigados.

Y agrega que los casos en los que registraron graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser archivados mientras no se determine la inocencia o responsabilidad disciplinaria de los sindicados.

También se señaló que se busca garantizar un debido proceso a los investigados para resolver definitivamente su situación jurídica, evitando afectar a las víctimas de no conocer la verdad sobre los hechos materia de investigación.