–Con medida de aseguramiento no privativa de la libertad y tan solo con la prohibición de salir del país, fueron cobijados un exalcalde de Neiva (Huila) y otras cinco personas, por supuestamente haber incurrido en actos de corrupción con el Plan de Alimentación Escolar, PAE.

El Juzgado 3° Penal Municipal, con funciones de control de garantías, acogió los argumentos de la Fiscalía y aseguró al exalcalde de Neiva, la capital huilense, Héctor Aníbal Ramírez Escobar, quien es investigado por hechos ocurridos entre los años 2009 y 2010 cuando al parecer se presentaron irregularidades en dos contratos que celebró el municipio con una empresa para darle cumplimiento al Plan de Alimentación Escolar.

El ex mandatario local, al igual que Euclides Dussán García, exjefe de contratación de la época, y Luisa Fernanda Flores Rincón, representante de la empresa contratista Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., no podrá salir del país, deberá presentarse periódicamente ante la administración de justicia, y tendrá que cancelar una multa de cinco Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smlmv) a favor del Consejo Seccional de la Judicatura.

Cabe resaltar que Flores Rincón se encuentra privada de la libertad en un centro penitenciario en Bucaramanga (Santander) por posibles irregularidades en la contratación del PAE en esa zona del país.

Por su parte, Enrique Vargas Leyva, exsecretario de Educación de Neiva y hoy rector de una institución educativa de esa ciudad, fue cobijado con las mismas medidas, pero deberá cancelar tres salarios minimos legales mensuales vigentes.

En lo que respecta a los interventores María Cristina Forero Vargas y Daniel Francisco Alvira Trujillo, fueron multados con una caución de dos Smlmv sumado a las otras dos medidas que recibieron los demás procesados.

Esta decisión fue motivada por la investigación que permitió evidenciar las anomalías en la celebración de dos contratos, así: el 626 del 4 de agosto del año 2009, por valor de $1.506.960.000, al que se le hizo una adición de $677.040.000, y el 385 del 12 de julio del año 2010 por $1.746.244.500, al cual se le adicionaron $861.783.000. Para la Fiscalía es claro que se pasó por alto la Ley 80 del año 1993 (ley de contratación), y todos sus decretos complementarios.

La fiscalía recordó que estas seis personas fueron imputadas el noviembre pasado por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y sucesivo.