La concejal Xinia Navarro, en el marco del debate sobre las instituciones educativas ilegales en Bogotá, indicó que es absolutamente necesario que la función de inspección y control de la Secretaría de Educación se encamine en dos vías, una sancionatoria y una preventiva.

“Es de rigor que se sancione, cómo no, a las entidades de garaje o que no cumplen con sus objetivos académicos e institucionales, pero puede ser preferible prevenir que dichas instituciones ilegales jueguen con el sueño de la gente y que les quiten el dinero a esos estudiantes para que después se realicen los cierres sin planes de contingencia que resultan complejos para que los asuma el distrito. Las sanciones son importantes y ejemplarizantes, pero se necesita una prevención y para ello es decisivo mejorar el equipo que realiza dicha labor en la entidad”, afirmó la concejal.

Para la cabildante resulta definitivo que la oficina de vigilancia y control de la SED no responda a asuntos clientelares, sino que por el contrario esté integrado por profesionales de alta gestión y capacidad de trabajo que permita justamente prevenir posibles casos de engaño para incautos aspirantes de programas educativos.

“Se hizo el llamado para que el equipo de vigilancia y control no sea un equipo de politequería, no sea de favores políticos, sino que sean un grupo consolidado con todas unas condiciones para poder enfrentar estas investigaciones que son administrativas sancionatorias con todo el rigor jurídico” solicitó la concejal.

Así mismo la concejal se refirió a la imperiosa necesidad de establecer un canal de comunicación más directo entre las Direcciones Locales de Educación, DILE, que son los que otorgan las licencias de funcionamiento y en consecuencia los primeros respondientes frente a algún tipo de ilegalidad, con el nivel central que son los llamados a investigar.

“Paradójicamente esos DILE no tienen la facultad para impedir el funcionamiento de la entidad posteriormente en caso de alguna ilegalidad. De nada vale que se cumplan con unos conceptos específicos como el uso del suelo, la licencia de construcción educativa, certificado de ocupación o de desarrollo de obra, entre otros, requisitos establecidos en la norma que requieren ser cumplidos en su totalidad, si después al presentarse alguna anomalía dicha licencia no puede ser revocada por la misma dirección que la otorgó”, señaló la concejal criticando la ausencia de una suficiente estructura de apoyo técnico y de supervisión en las DILE.

La concejal se lamentó que en la actualidad se hayan detectado 57 colegios que tienen la condición ilegal, en los cuales estudian alrededor de 300 jóvenes y pidió a la secretaria de educación, Claudia Puentes, que, como manejo ejemplarizante, se cierren dichas instituciones, pero sin perjudicar a los estudiantes es decir apelando a un plan de contingencia para que ellos puedan continuar con sus estudios en otros planteles.