Lo hizo un juez de Bogotá, que le concedió libertad condicional a Julio Gómez, sentenciado dentro del escándalo del ‘carrusel’ de la contratación, a diez años de cárcel.

En mayo de 2017 el contratista, condenado a 10 años de prisión por estos hechos, manifestó bajo juramento que en el año 2009 se pactaron compromisos y comisiones de hasta el 10 por ciento con el alcalde de la época, Samuel Moreno Rojas con el fin de salir favorecidos en las licitaciones.

“Teníamos que pagar un dinero, llámese comisión o extorsión, y el dinero de esas coimas era entregado personalmente por Emilio Tapia a los hermanos Moreno Rojas”, aseguró.

Agregó que el porcentaje de las gratificaciones se dividían en varias partes, no solo para el alcalde mayor y su hermano, sino para el Contralor Distrital y algunos de sus colaboradores y concejales que la Fiscalía conoce perfectamente.

Por ejemplo, manifestó que hubo reuniones en un reconocido hotel del centro de la capital en donde se tocaron varios temas de valorización y se hablaba de la adjudicación y de porcentajes.

Asimismo, que en el apartamento de soltero del contratista Emilio Tapia Aldana asistían funcionarios como Claudia Patricia Otálora Cano, quien fungía como la asesora de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, con quien se realizaban los acuerdos, puntualizó Héctor Julio Gómez.

Indicó además que en las reuniones se pedía que ingresaran al IDU, el ex subdirector de esa entidad Eduardo Montenegro Quintero, quien posteriormente quedó encargado como ordenador del gasto, con el manejo de todo lo que tiene que ver con la valorización y el Metro de Bogotá. Finalmente era quien vigilaba las adjudicaciones dentro del IDU.