–Un estudio elaborado por el Monitor Ciudadano de la Corrupción de la corporación Transparencia por Colombia estableció que en 207 hechos de corrupción registrados entre 2016 y 2018, fueron afectados 17,9 billones de pesos, a través de contratos irregulares y otras artimañas.

La investigación “Así se mueve la corrupción: una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018”, identificó 327 hechos de corrupción reportados por 46 medios de prensa nacional, entre enero de 2016 y julio de 2018. Esta información fue ampliada y confirmada con boletines oficiales de órganos de control en los 32 departamentos del país.

De los 327 hechos identificados, el 69% son de alcance municipal, el 25% del nivel departamental y un 6 % de hechos restantes correspondieron a hechos de alcance nacional.

Los resultados obtenidos por el Monitor Ciudadano muestran que el 45% de los hechos de corrupción registrados se concentraron en cinco de los 32 departamentos del país:

Santander (14 %), Atlántico (10 %), Valle del Cauca (8 %), Bolívar (7 %) y Antioquia (6 %).

Las ciudades donde se registra la mayor cantidad de hechos son Bogotá (7 %), Barranquilla (7 %), Bucaramanga (6 %), Cartagena (6 %) y Medellín(3%).

Del 46 % de hechos de corrupción administrativa asociados a la contratación pública, se identificaron seis irregularidades como las más frecuentes:

1. Adjudicación o celebración irregular de contratos (29%)
2. Violación a los principios de transparencia, idoneidad y responsabilidad en la contratación estatal (17 %)
3. Abuso de la figura de contratación directa (8 %)
4. Detrimento patrimonial por incumplimiento del objeto contratado (8 %)
5. Apropiación ilegal de recursos en los contratos (6 %) y
6. Sobrecostos por irregularidades en celebración de contratos (6 %).

La Corrupción Administrativa (73%), que corresponde al manejo inadecuado de los fondos y potestades públicas por parte de funcionarios públicos, obtuvo el mayor número de hechos de corrupción identificados en este registro, seguida por corrupción privada (9 %) y corrupción judicial (7%).

De los hechos asociados a la corrupción administrativa, los procesos de contratación pública (46%) continúan siendo el principal problema.

Dentro del total de actores vinculados a hechos de corrupción, se evidencia que el 39% fueron funcionarios públicos y el 30% autoridades electas por voto popular. De estas últimas, el 41% fueron Concejales y el 40% Alcaldes, seguidos por Gobernadores (10%), Diputados (7%) y Senadores (2%).

Dentro del ciclo de la corrupción, aquella que ocurre en la política es quizás la más estratégica dentro del entramado del crimen organizado.

Los delitos e irregularidades más comunes están asociados a financiación prohibida, fraude electoral, compra de votos y comportamientos irregulares de los partidos políticos. El efecto de las irregularidades y la falta de transparencia en el financiamiento de campañas ha sido analizado ampliamente por Transparencia por Colombia, concluyendo que los abusos de los corruptos se conectan con los arreglos para acceder al poder y con las formas para gestionarlo. Lo anterior lo describe bien una frase coloquial:

“Así como te financias, gobiernas”. De acuerdo con los datos obtenidos por el Monitor Ciudadano, se evidencia que de los 21 casos asociados a
corrupción política, las irregularidades mayormente detectadas se vinculan a:

1. Nóminas paralelas con fines políticos (25 %)10
2. Financiación de campañas con fuentes prohibidas (19 %)
3. Presiones a funcionarios públicos y/o contratistas para obtener votos a favor de candidatos (9 %)
4. Obstrucción de procesos de revocatoria del mandato (9 %)
5. Inscripción de candidatos inhabilitados para ocupar cargos públicos (9 %)

De los actores involucrados en hechos de corrupción en un tercer lugar con un 16% se encuentran miembros del sector privado, demostrando la corresponsabilidad que ha adquirido este sector en la ocurrencia de hechos de corrupción.

Empresas y empresarios son también corresponsables en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción que afectan su propio entorno de negocios, el mercado en el cual operan y su relación con el ámbito público. Del total de los casos registrados entre enero de 2016 y julio del 2018, el 9 % está asociado a corrupción privada, es decir treinta casos.

Este tipo de irregularidades erosionan la confianza en las empresas y cuestionan cada vez más los estándares éticos en el ejercicio de las actividades comerciales. De estos hechos de corrupción privada se destacan en su mayoría las siguientes irregularidades:

1. Manejos administrativos arbitrarios o fraudulentos (20 %)
2. Obstáculos para garantizar la libre competencia (colusión ) (13 %)
3. Sobrecostos del privado en la celebración de contratos (10 %)
4. Lavado de activos, evasión de impuestos y contrabando (6 %)
5. Incumplimiento de acuerdos (6 %)

Los hechos de corrupción afectaron mayoritariamente a los sectores de Educación (16%), Infraestructura y Transporte (15%) y Salud (14%). Son justo estos tres sectores a los que se les destina la mayor parte del presupuesto de inversión del país, al tiempo que son determinantes para el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos.

Existe un vínculo entre corrupción y la vulneración de los derechos humanos: el 59% de los hechos de corrupción identificados en el Monitor Ciudadano afectaron derechos económicos, sociales y culturales, el 39% derechos civiles y políticos, y el 2% derechos colectivos y del medio ambiente.

Las cifras reveladas por Monitor Ciudadano demuestran que la corrupción, como cualquier delito, deja víctimas, por lo que es fundamental reparar el daño que ocasiona este flagelo no sólo con penas punitivas y con la recuperación de los activos sustraídos al Estado, sino con un resarcimiento material e inmaterial del daño que esta ilegalidad causa en la sociedad.

“Si hay algo que tiene que ser priorizado urgentemente es la contratación pública y el fortalecimiento de la capacidad del estado a nivel territorial, no podemos seguir con capacitaciones y nuevas normativas que no apuntan a los principales problemas, requerimos aumentar los sistemas de detección, prevención, investigación y sanción de los hechos de corrupción, además de poner a las víctimas de la corrupción en el centro de esta lucha”, señaló Andrés Hernández de Transparencia por Colombia.