–Un sujeto que apuñaló y le quitó la vida a su compañera sentimental frente a sus hijos y aseguró que se trató de un suicidio, fue condenado a 43 años de cárcel por un juez de conocimiento de Bogotá.

Las pruebas y testimonios acumulados durante la investigación permitieron establecer que no fue un suicidio sino un feminicidio, y que el responsable tenía conductas agresivas, violentas y era posesivo en su relación sentimental.

Con base en el acervo probatorio del ente acusador, la juez 35 penal de conocimiento de Bogotá sustentó su decisión y condenó a Danis Daniel Álvarez Parra a 43 años de prisión por el feminicidio de Mauren Cristina Garay Montenegro.

Los testimonios de familiares y amigos de la víctima, así como los hechos y los antecedentes de maltrato físico registrados contra la mujer permitieron establecer que el crimen fue cometido porque ella quería terminar la relación.

El 17 de mayo de 2017 Danis Daniel Álvarez Parra atacó con un puñal a su compañera sentimental Mauren Cristina Garay Montenegro, las heridas que le causó le provocaron la muerte. El hecho, cometido en el apartamento que compartían, fue presenciado por sus tres hijos menores de edad. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el homicida simuló brindarle auxilio y afirmó que ella atentó contra su propia vida.

La pareja desde hace diez años formó el hogar pero la víctima le contaba a sus padres el temor que sentía por las continuas agresiones físicas y verbales que recibía de su compañero. En varias ocasiones fue maltratada y golpeada. Las agresiones también eran psicológicas.

En el año 2014, Mauren Cristina aseguró haber sido atacada con un arma cortopunzante en la espalda y una pierna, por su compañero sentimental. La mamá de la víctima narró que a finales de abril de 2017 la mujer fue golpeada en la cara y sufrió un hematoma severo en uno de sus ojos. También le contó a la Fiscalía que Danis intentó asfixiarla y la obligó a tomar 25 pastillas.

Nunca existió una denuncia formal por temor y porque el hombre siempre ofrecía disculpas y prometía cambiar su conducta.

La juez también determinó la inhabilidad de la Patria potestad del victimario sobre sus tres hijos, lo que significa que no puede exigir que los niños lo visiten en prisión ni tengan que pedir su permiso para algún trámite.