–Por constituir un crimen de lesa humanidad, y no ser ni anmistiables ni indultable, el Alto excomisionado de paz Camilo Gómez, pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, enjuiciar a todos los cabecillas de las desaparecidas Farc por el atroz secuestro masivo de militares y policías que ejecutó durante la última etapa de su actividad armada.

En carta a la presidente de la JEP Patricia Linares, el excomisionado Gómez pide que le conceda una audiencia para ampliar la narración sobre estos hechos que fueron cometidos por las Farc antes del 1 de diciembre de 2016, que se cometieron con ocasión del conflicto armado y que, afirma, «viví directamente».

«Estoy seguro de que, para cumplir con sus objetivos, es fundamental para la JEP incluir dentro de su análisis las implicaciones que tuvo el secuestro masivo de policías y soldados y el efecto que esta política delictiva sistemática tuvo en la búsqueda de la paz, junto con el enorme daño causado a los secuestrados y a sus familias», precisa el actual director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Gómez señala que hoy, cuando se busca la verdad y la reparación a las víctimas, «considero que es mi deber ético asistir ante la JEP para contar la verdad acerca de esos crímenes de lesa humanidad cometidos por las Farc. Es lo mínimo que puedo hacer para que esos valientes hombres sientan que su sacrificio tendrá algún día justicia. Aunque actualmente ocupo un cargo público, creo que mi obligación ética como colombiano es contarle a la JEPlos horrendos hechos que presencié».

A continuación transcribimos el texto integral de la carta del excomisionado Camilo Gómez a la JEP:

Apreciada Dra. Patricia:

Tal como se lo comenté personalmente hace pocos días, me dirijo a usted en mi condición de ciudadano colombiano y como testigo de excepción de uno de los más dolorosos episodios del conflicto armado con las Farc y de uno de los más graves crímenes de lesa humanidad cometido de manera sistemática por estegrupo guerrillero: el despiadado secuestro de más de 400 soldados y policías con fines de extorsión política.

Nuestros soldados y policías fueron secuestrados como parte de una política sistemática establecida por las Farc, cuyo único fin fue el de presionar políticamente al gobierno para acceder a sus peticiones. Esta política fue aprobada y puesta en marcha por todos los máximos dirigentes de este grupo guerrillero. Por lo anterior, la responsabilidad penal de estos secuestros debe recaer sobre todos los miembros del antiguo Secretariado y sobre todos los comandantes y guerrilleros que tuvieron conocimiento, participaron o aprobaron la práctica de este delito que constituyeun crimen de lesa humanidad y una grave violación al Derecho Internacional Humanitario(DIH). Poner la libertad y la vida de las personas en este nivel de utilitarismo es una de las cosas más aberrantes de los conflictos y fue uno de los retos más grandes por parte de quienes hemos tenido que enfrentar los escenarios de la guerra y la negociación de la paz. Como Comisionado de Paz entre los años 2000 y 2002, el masivo secuestro de soldados y policías fue una de las circunstancias más difíciles que tuve que enfrentar. Acompañé a las familias, mujeres y niños -víctimas inocentes de esta barbarie-y sentí su inmenso dolor por los tratos inhumanos y la tortura a la que fueron sometidos, solo por cumplir con su deber de defender nuestra Constitución y las instituciones.

Las informaciones que llegaron a la oficina del Alto Comisionado para la Paz acerca del estado general de salud de los secuestrados fueron muy preocupantes: los soldados y policías fueron sometidos a infames e inhumanos vejámenes para quebrar su voluntad. El país entero vio en imágenes cómo los secuestrados vivían a la intemperie, en una especie de campos de concentración en medio de la selva, sufriendo no solo la tortura física sino también la psicológica; sin tener contacto con familiares y amigos; enfrentando los rigores de la vida en la selva, sin acceso a medicamentos o a una alimentación adecuada para soportarlas dificultades propias del medio ambiente que los rodeaba.

La prensa y la ciudadanía hablaban de los campos de concentración de las Farc. Relatos como los que se pueden consultar en el libro ‘Recuerdos de selva: Memorias de integrantes de la Fuerza Pública víctimas de secuestro ’producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, dan cuenta de la crueldad con la que fueron tratados los soldados y policías secuestrados.

Junto con María Paulina Riveros y Augusto Ibáñez, tuve la enorme oportunidad de ser el encargado de discutir directamente con la máxima dirigencia de las Farc las condiciones de la liberación de la mayoría de los soldados y policías, mediante el único acuerdo humanitario desarrollado con apego total a las normas del DIH. Como resultado de más de dos años y medio de negociaciones con las, entre el 2 y el 30 de junio de 2001, fueron liberados más de 350 hombres de la Fuerza Pública, que se encontraban secuestrados por ese grupo guerrillero.

Sin embargo, muchos otros que no fueron incluidos por esa guerrilla en el acuerdo humanitario, quedaron a merced de la crueldad y la ignominia por varios años más.

El solo acto de liberación de los secuestrados, constituye de por si un reconocimiento temprano de la responsabilidad de las Farc en este delito de lesa humanidad. Con el apoyo de mi equipo de trabajo, lideré el difícil proceso de liberación y presencié el reencuentro de los soldados y policías con sus familias. Vi en sus rostros el dolor del cautiverio y la luz de la libertad en sus ojos cuando las Farc me entregó a cada uno de los policías y soldados. Pero, sobre todo, jamás podré olvidar el rostro de las madres, padres, esposas e hijos cuando, después del horrendo secuestro, se reencontraron. ¡Todos ellos, víctimas inocentes de este crimen de lesa humanidad, merecen justicia!

Como bien conoce la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el DIH condena enfáticamente el secuestro y el Estatuto de Roma lo considera un delito de lesa humanidad que no puede ser amnistiado ni indultado. Por su parte, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera también estableció que: “(…) no serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra -esto es, toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática-, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

«La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, mediante el auto 002 de 2018 de apertura del caso 001 “Retenciones ilegales”, tomó la decisión de priorizar esta situación a partir del Informe No. 2 de la Fiscalía General de la Nación denominado “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP”.

En este caso la JEP ha reconocido hasta la fecha 205 víctimas. Sin embargo, fueron muchas más personas quienes sufrieron un daño derivado de estos delitos, ellas merecen conocer la verdad de lo sucedido, escuchar las versiones de los comparecientes y que se haga justicia.

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), un total de 31.021 personas fueron secuestradas en los últimos 50 años, de ellos, 1.214 eran militares y policías. De conformidad con el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, le corresponde a la JEP: “(…) administrar justicia de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto de conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos”.

De acuerdo con lo todo lo anterior, solicito se me conceda una audiencia para ampliarla narración que inicio en estas cortas páginas, pues se trata de hechos que fueron cometidos por las Farc antes del 1 de diciembre de 2016 y que se cometieron con ocasión del conflicto armado, hechos que viví directamente.

Considero de suma importancia que la JEP conozca mi testimonio para que pueda ser contrastado con las versiones voluntarias de los pocos guerrilleros comparecientes.
Estoy seguro de que, para cumplir con sus objetivos, es fundamental para la JEP incluir dentro de su análisis las implicaciones que tuvo el secuestro masivo de policías y soldados y el efecto que esta política delictiva sistemática tuvo en la búsqueda de la paz, junto con el enorme daño causado a los secuestrados y a sus familias.

Hoy, cuando se busca la verdad y la reparación a las víctimas, considero que es mi deber ético asistir ante la JEP para contar la verdad acerca de esos crímenes de lesa humanidad cometidos por las Farc. Es lo mínimo que puedo hacer para que esos valientes hombres sientan que su sacrificio tendrá algún día justicia. Aunque actualmente ocupo un cargo público, creo que mi obligación ética como colombiano es contarle a la JEP los horrendos hechos que presencié.

Mi testimonio en nada se opone y en nada compromete la labor que hoy desempeño.

Cordialmente, Camilo Alberto Gómez