Investigan al gobernador de Norte de Santander por contrato de bilingüismo por más de $11 mil 900 millones
El órgano de control también vinculó a la gerente general de la Empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones (Nui Telco S.A.S.), Mayret Zorayda Niño Moreno, para determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias ante una posible vulneración del ordenamiento jurídico y supuestas irregularidades en la formación, adjudicación y celebración del contrato interadministrativo No. 00740 del 22 de marzo de 2019.
La Procuraduría en su petición al mandatario alertó sobre una supuesta selección subjetiva del contratista, teniendo en cuenta que en los documentos precontractuales no se evidenciaron las razones de conveniencia y oportunidad para que la sociedad fuera seleccionada.
Para el órgano de control el presupuesto oficial del contrato al parecer no tendría sustento en un estudio de mercado y análisis de costos de las características específicas del objeto y las prestaciones a contratar, y en la oferta presentada por Nui Telco tampoco estarían discriminados los costos por actividad.
“En relación con la experiencia acreditada por la sociedad de economía mixta contratada, se advierte que es su amplia experiencia en temas de proveer conectividad a internet en establecimientos educativos e implementación de nuevas tecnologías, más no en la realización de actividades de formación docente, material educativo, componente intercultural, objeto del contrato interadministrativo suscrito por la Gobernación de Santander y la empresa Nui Telco S.A.S.”, precisó el Ministerio Público en su comunicación al mandatario.
La Procuraduría también indaga por presuntas irregularidades en la contratación con ejecuciones presupuestales programadas para el año 2021, sin que al parecer se hubiera evidenciado la autorización del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de vigencias futuras.
Este hecho que involucra al gobernador de Norte de Santander, es similar al que se descubrió en la Guajira, y por el cual, el pasado 8 de agosto, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador encargado, Wilbert Hernández Sierra.
Allí se descubrieron irregularidades en la firma de un contrato de bilingüismo por $11.415’893.720 pesos.
En este caso, el órgano de control busca establecer la existencia de posibles faltas en la suscripción, mediante modalidad de contratación directa, de un convenio interadministrativo con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones NIU TELCO S.A.S., para el “fortalecimiento de competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las IEO del departamento de La Guajira”.
La Procuraduría Regional de La Guajira, tras conocer la noticia de que la administración departamental habría firmado el convenio horas antes de entrar en vigencia la Ley 996 de 2015, conocida también como Ley de Garantías; abrió indagación preliminar y ordenó la práctica de pruebas, entre ellas una vista a la empresa radicada en la ciudad de Cúcuta, sin que fuera posible su ubicación en la sede que registró en el OCAD Regional Caribe, – Órgano Colegiado de Administración y Decisión -, que aprobó la financiación del proyecto de bilingüismo en La Guajira con recursos del Sistema General de Regalías.
Ante estas evidencias, el ente de control ordenó el traslado del proceso a Bogota, la apertura de investigación y la suspensión, como medida cautelar, de Hernández Sierra para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria o su participación en un nuevo proceso que pueda vulnerar los principios que rigen la contratación estatal, en época de vigencia de la Ley de Garantías; que aunque entró a regir desde el pasado 27 de junio de 2019, permite la convocatoria a licitación pública, selección abreviada o concurso de méritos.
La Procuraduría ordenó la práctica de nuevas pruebas, con el fin de verificar si la conducta del mandatario territorial (e) constituye falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, así como el eventual perjuicio causado a la administración pública.
También solicitó información sobre la constitución de la empresa NIU TELCO S.A.S., su planta de personal para el 26 de junio de 2019, así como los equipos, red y otros elementos con los que contaba para ejecutar el convenio.
El investigado podrá solicitar una vez más ser escuchado en versión libre, como estaba previsto el pasado miércoles en la Regional de La Guajira, sin que se presentara a la diligencia.
Finalmente, la Procuraduría compulsó copias de esta decisión para que se investigue al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien al parecer habría suscrito un negocio jurídico para el “fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en el departamento de Norte de Santander”, que sería similar al objeto del contrato que habría dado origen al proceso contra el gobernador (e) de La Guajira.
