–La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión que tomó el juez 42 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín de dejar en libertad al contralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña y a otros ocho implicados en una supuesta red de corrupción.

El juez no accedió a la imposición de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía argumentando que «no se cumplen los requisitos legales y constitucionales”.

Además sostuvo que “no se ha acreditado, en grado de inferencia razonable, la existencia de las conductas punibles atribuidas. Tampoco existe necesidad de la restricción de la libertad, por lo que los imputados deberán afrontar el juicio en libertad”.

Con el contralor Zuluaga Peña salieron libres los excontralores auxiliares Dioner Andrés Ortiz Ossa, José Hernando Duque Arango y Gabriel Jaime Castaño Aristizábal; los alcaldes de Jardín, William Enrique Rendón Agudelo; San Carlos, Luz Marina Marín Daza, y La Pintada, César Augusto Zapata Pérez; Héctor Darío Cano Arango, gerente del hospital de Copacabana; y Jhonny Andrés Jaramillo Marín, asesor jurídico del Municipio de Briceño.

Otra procesada, Alejandra Catalina Ospina Ramírez, fue dejada en libertad mucho antes.

El pasado 21 de agosto, la Fiscalía General de la Nación anunció el desmantelamiento de una presunta red de corrupción que operaba desde la Contraloría General de Antioquia.

Señaló que las direcciones de fiscalía de Medellín y Antioquia, entre los años 2017 y 2018 algunos servidores de la Contraloría General de Antioquia que detectaron hallazgos fiscales durante las auditorías de rutina, se habrían abstenido de denunciar las irregularidades a cambio cuantiosas sumas de dinero o la adjudicación de millonarios contratos.

Por ello la fiscalía dispuso la captura de los implicados y les imputó cargos por delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

En enero de 2018, el contralor Sergio Zuluaga Peña, fue suspendido e inhabilitado por 10 meses al contralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, por proporcionar información inexacta para acceder al concurso realizado por la Asamblea Departamental de Antioquia para aspirar al cargo.

De igual manera, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa estableció que el Contralor para el periodo 2016 – 2019 incurrió en falsedad ideológica al consignar en su hoja de vida datos que no correspondían con la realidad.

El 13 de marzo de 2019, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al contralor Zuluaga Peña, y al exgerente de la ESE Hospital La María de Medellín, William Marulanda Tobón, por presunto incumplimiento de sus deberes.

El órgano de control formuló dos cargos al gerente del hospital, el primero por presuntamente no ejercer la vigilancia y control que le correspondía en la ESE Hospital La María y permitir que se cobraran por costos hospitalarios tarifas por debajo de los estándares establecidos, a particulares a los que consideraban especiales, generando privilegios no concedidos por la normativa vigente y no autorizados por la junta directiva del hospital; situación que ocurrió en diversos casos incluyendo la liposucción realizada al entonces contralor de Antioquia, el 16 de abril de 2016, aparentemente a menor costo del cobrado para dicho procedimiento.

En el segundo cargo la Procuraduría reprochó al disciplinado por omitir intencionalmente el ejercicio de sus funciones como gerente y permitir que en el año 2016 se realizarán intervenciones quirúrgicas con costos inferiores a los usuales a personas que fueron recomendadas por él mismo, o por el subgerente del hospital; realizando de esta forma una conducta prevista en la ley como delito, ya que conforme a lo establecido en el artículo 414 de la ley 599 de 2000, “el servidor público que omita un acto propio de sus funciones, incurrirá en prevaricato por omisión”.

Según el material probatorio recaudado por el Ministerio Público la conducta anterior se cometió en los casos de algunos familiares del disciplinado y del mismo contralor, al realizarse intervenciones estéticas los días 15 de noviembre de 2015, 20 de enero de 2016, 4 de marzo de 2016, y 16 de abril de 2016, a valores menores, al parecer, afectando el erario público por tratarse del manejo de recursos públicos de la salud.

Para el Ministerio Público el exgerente pudo vulnerar los principios de responsabilidad, moralidad e igualdad, y omitir ejercer su deber de vigilancia y control sobre las funciones esenciales de la entidad.

La Procuraduría calificó la primera conducta del exgerente como grave a título de dolo, y la segunda como gravísima a título de dolo.

Para el caso de Zuluaga Peña, la Procuraduría cuestionó una presunta falta disciplinaria por obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales a las que tenía derecho, por cuanto presuntamente obtuvo tarifas especiales y más bajas a las habituales para la operación en una entidad que era auditada por la Contraloría Departamental.

De acuerdo con el órgano de control, el contralor pudo trasgredir el principio de moralidad pública, teniendo en cuenta que los servidores están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad, de esta manera, calificó provisionalmente la presunta falta como grave a título de culpa gravísima.