La Fiscalía General de la Nación le responde al Consejo de Estado sobre supuesto caso de corrupción
Añade que los fiscales e investigadores han recibido toda la colaboración por parte del Consejo de Estado para develar las actuaciones de una presunta red de corrupción que tendría injerencia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La Fiscalía General de la Nación emitió al respecto el siguiente comunicado:
En desarrollo de las audiencias de solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, doctor Carlos Alberto Vargas Bautista, y los particulares, Kelly Andrea Eslava Montes y Aldemaro Vargas González, la Fiscalía General de la Nación presentó una llamada del 14 de noviembre de 2017 sostenida entre el señor Jorge Enrique Cortés Rojas, presunto dueño del predio ‘La Providencia’ ubicado en el Humedal El Jaboque, y el señor Fernando Trebilcock. En la comunicación este último señaló que el fallo no se profería porque “hubo una petición de tres mil”.
De igual manera, la Fiscalía presentó en las audiencias un extracto de la declaración jurada que rindió Fernando Trebilcock, en la que aclaró que la referencia de una “petición de tres mil”, correspondía a millones de pesos y al proceso de reparación directa promovido por Jorge Enrique Cortés Rojas contra entidades del Distrito por el bien mencionado anteriormente.
Esos elementos fueron exhibidos por los fiscales del caso con el propósito de acreditar que los interesados en el proceso de reparación directa relacionado con el humedal El Jaboque (Ref. 2012-01066) querían incidir en el fallo de segunda instancia ante el Consejo de Estado como, al parecer, lo hicieron en primera instancia en Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Es importante destacar que la Fiscalía no ha señalado que el origen de la supuesta petición de dinero provenga de Consejeros de Estado o funcionarios de esta corporación, tampoco tiene evidencias que así lo sugieran.
Los fiscales e investigadores han recibido toda la colaboración por parte del Consejo de Estado para develar las actuaciones de una presunta red de corrupción que tendría injerencia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Finalmente, la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto la indagación penal y disciplinaria de algunos de sus funcionarios, que habrían obstruido el avance de las investigaciones para favorecer a supuesta red de corrupción.
LO QUE DIJO EL CONSEJO DE ESTADO
–Este sábado el Consejo de Estado emitió el siguiente comunicado sobre el caso:
En un comunicado, el alto tribunal asegura que «NUNCA!!!, JAMÁS!!! ningún funcionario o empleado del Consejo de Estado solicitará retribución alguna de las partes para cumplir con la función que le fue encomendada, ello constituye DELITO y falta disciplinaria y sin dudarlo estamos prestos a escuchar cualquier queja o denuncia».
Los siguientes son los términos del pronunciamiento del Consejo de Estado:
Frente a los audios revelados por la Fiscalía General de la Nación en la audiencia de imputación de cargos contra el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas Bautista y un supuesto intento de soborno de los interesados en una demanda de reparación directa para obtener una decisión favorable a sus intereses, el pleno del Consejo de Estado se permite señalarle al país que:
RECHAZA de manera enérgica y absoluta la versión que intenta poner en tela de juicio el nombre y la reputación del Consejo de Estado y de sus servidores. SOLICITA a los entes competentes que de manera inmediata realicen las investigaciones a que haya lugar y DECLARA estar a entera disposición de las autoridades, para que realicen prontamente las investigaciones que se requieran y las lleven hasta las últimas consecuencias, porque así se podrá demostrar que la transparencia e imparcialidad que nos han caracterizado en 202 años de vida institucional sigue siendo el principio y el fin de toda nuestra labor.
Sobre el proceso al que se refirió la Fiscalía General de la Nación, que reveló una conversación sostenida entre dos particulares, sin vínculos legales o reglamentarios con esta Alta Corte, que pretenden involucrar al Consejo de Estado en actuaciones irregulares, la Corporación se permite hacer claridades vitales, frente a los hechos referidos así:
1. El 29 de junio de 2012 el señor Jorge Enrique Cortés Rojas presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una demanda de reparación directa contra varias entidades, por un supuesto perjuicio por no poder ejercer el derecho de dominio sobre un predio ubicado en el área de protección ambiental del humedal Jaboque de Bogotá y por la presunta renuencia del Distrito para cumplir una aparente orden de adquisición del bien.
2. Dado que, simultáneamente cursaba una demanda civil de nulidad absoluta de la escritura pública de compraventa del mencionado predio, el Ministerio Público solicitó al Tribunal suspender el trámite de la demanda por considerar que el resultado de esa actuación ante la jurisdicción civil podía afectar la legitimación del demandante para interponer la demanda de reparación.
3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a dicha petición, por lo que las partes demandadas (Concejo Distrital de Bogotá, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y Empresa de Acueducto de Bogotá) apelaron la decisión.
4. El Consejo de Estado asumió el conocimiento en segunda instancia, dio la razón al Ministerio Publico, REVOCÓ la decisión del Tribunal y en su lugar, el 9 de febrero de 2018, ORDENÓ LA SUSPENSIÓN inmediata del trámite de la demanda de reparación directa, hasta que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso civil.
5.- Esta decisión fue confirmada el pasado 18 de julio, reafirmándose el Consejo de Estado en que, dado que sigue pendiente de resolverse un recurso de casación en la jurisdicción civil, NO SE LEVANTARÁ LA SUSPENSIÓN, NI AVANZARÁ EL PROCESO, hasta que el fallo sea emitido por la Corte Suprema de Justicia y quede en firme. Una vez esto suceda el Consejo de Estado proferirá el fallo correspondiente.
Así las cosas, es evidente que es un irreparable desacierto, el tender un manto de dudas sobre una actuación del Consejo de Estado que respaldó la petición del Ministerio Público como representante de la sociedad, y decidió esperar la decisión sobre la titularidad de las escrituras para tener certeza de la legitimidad del demandante, antes de seguir el proceso a su cargo.
De manera contundente el Consejo de Estado quiere reiterarle al país, nuestro compromiso de trabajar con la más absoluta transparencia, honestidad, respeto y diligencia en la tarea de administrar justicia en los términos que impone la Ley, la Constitución y los ciudadanos a quienes nos debemos.
Finalmente, la Sala Plena del Consejo de Estado hace un vehemente llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar, para que denuncie cualquier supuesta solicitud de dinero o sugerencia de dádiva a cambio de un fallo, trámite o decisión a cargo de un juez de la República o de un funcionario judicial y concretamente del CONSEJO DE ESTADO, porque NUNCA!!!, JAMÁS!!! ningún funcionario o empleado del Consejo de Estado solicitará retribución alguna de las partes para cumplir con la función que le fue encomendada, ello constituye DELITO y falta disciplinaria y sin dudarlo estamos prestos a escuchar cualquier queja o denuncia. Escríbanos al correo electrónico presidencia@consejoestado.ramajudicial.gov.co, o al personal de la presidente: lbermudezb@consejoestado.ramajudicial.gov.co.
