Nacional

Entra en funcionamiento grupo especial para judicializar casos de maltrato animal

Con el propósito de garantizar una respuesta oportuna y eficiente en las investigaciones por denuncias relacionadas con el delito de maltrato animal, la Fiscalía General de la Nación creó el ‘Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (GELMA)’, que empieza a funcionar este 12 de diciembre.

La nueva unidad especial la integran 38 Fiscales a nivel nacional, 38 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y 44 agentes de la Policía Nacional quienes estarán ubicados en cada una de las seccionales de la Fiscalía a nivel nacional.

El Grupo llega con el fin de canalizar las más de 2.000 denuncias que se han recibido desde la vigencia de la Ley de Maltrato Animal (Ley 1774 de 2016), al igual que los delitos que empezarán a ser denunciados. Hasta el momento estos casos eran asignados a distintos fiscales y resueltos dentro del volumen de trabajo de la entidad, sin desconocer su importancia.

El nuevo grupo atenderá exclusivamente este tipo de denuncias, para permitir una investigación concentrada y una judicialización oportuna que se adecúe a lo señalado por la ley de ‘maltrato animal’ en donde estableció penas por este delito que van entre 12 y 36 meses de prisión, además de circunstancias de agravación que dependen de si el delito estuvo relacionado con actos sexuales contra los animales, si el maltrato se hizo con sevicia, en vía o sitio público, o si los maltratos se cometen se comenten en presencia de menores de edad.

En cifras

Desde la sanción de la ley 1774 conocida como ‘Ley contra maltrato animal’ (enero de 2016) a la Fiscalía General de la Nación han llegado 1.772 denuncias. A la línea 123 se reportan casos donde las víctimas no solo son animales de compañía, sino también animales silvestres. Las denuncias también se podrán hacer en las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación (URI).

Las 10 ciudades donde más denuncias han sido radicadas por maltrato animal son:
Bogotá, D.C. 146
Medellín (Antioquia) 72
Cali (Valle del Cauca) 62
Barranquilla (Atlántico) 51
Bucaramanga (Santander) 49
Pasto (Nariño) 48
Cúcuta (Norte de Santander) 37
Popayán (Cauca) 32
Pereira (Risaralda) 28
Cartagena (Bolívar) 27

En cifras de la Policía Nacional dan cuenta de que por los casos de maltrato animal en el trascurso del 2019 han sido capturadas 143 personas por incurrir en el delito de maltrato animal (Ley 1774 de 2016 y Código Penal ley 599 del 2000, artículo 339A y 339B).

Y para luchar contra el tráfico de especies, considerada también como maltrato animal, la Policía cuanta con 16 binomios caninos que colaboran con la identificación de especímenes de fauna silvestre en el país. Estos se encuentran ubicados en los principales terminales terrestres y aeropuertos para contrarrestar este delito pues desde la extracción de su hábitat natural sufren gran afectación a la integridad física, causales de muerte tanto en la captura, manipulación, trasporte y tenencia en cautiverio.

Condenas recientes por maltrato animal

La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía 59 Seccional Bogotá logró que dos jueces condenaran a igual número de personas como responsables del delito de maltrato animal del que fueron víctimas dos perros y un gato.

1) El pasado martes, 19 de noviembre, el juez 28 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá condenó a 29 meses de prisión al médico cirujano Carlos Alberto Mora Alape quien fue denunciado por el delito de maltrato animal.

El médico fue señalado de haber agredido a patadas a dos perros de una vecina. Uno de los caninos murió producto del ataque; el otro aunque sobrevivió, presenta graves secuelas en su salud. Esta sentencia fue apelada por la defensa del condenado.

2) El mismo día el juez 13 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá condenó a 8 meses y 15 días de prisión a Jonathan Mahecha Velandia quien fue denunciado por su expareja sentimental, debido a que el condenado en un ataque de ira asesinó a la gata de la mujer.

La sentencia condenatoria dispone además que por el mismo periodo de la condena el implicado no pueda desempeñarse en funciones públicas. Esta decisión está en firme.

En ambos casos se decretó el pago de una multa económica tasada en salarios mínimos.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.