Los dos organismos de control hicieron un llamado puntual para que los recursos públicos no sean utilizados para gastos suntuarios, publicidad innecesaria asociada al COVID-19, el pago de deudas de las entidades, y contratos o compras que no permitan atender la emergencia o que si bien están relacionadas con la pandemia resulten onerosas.
En un comunicado conjunto, la Procuraduría y la Contraloría indicaron que están verificando conductas que no son admisibles, como las siguientes:
(a) la compra de kits de mercados cuyos precios son muy superiores en comparación con los de las grandes superficies;
(b) la entrega de mercados con fines políticos a población no vulnerable o necesitada que se ha visto afectada por la pandemia;
(c) la contratación de construcción de parques no relacionados con la emergencia;
(d) contratos para publicidad sobre conocimientos y cuidados del Covid-19 dirigidos a población con acceso a televisión e internet que tienen información suficiente;
(e) contratos suscritos para el suministro de ayudas humanitarias con una persona jurídica cuyo objeto social es la organización de eventos sociales;
(f) contratos celebrados para el suministro de un número determinado de kits de elementos de aseo que son entregados de forma parcial o incompleta; y
(g) contratos que no son publicados oportunamente en el SECOP o que no cuentan con el acto de declaratoria de urgencia y demás documentos.
Por ello, recomendaron al Gobierno Nacional adelantar compras centralizadas o contratar conjuntamente con las Entidades Territoriales los insumos de especial prioridad, necesarios para impulsar la preparación, prevención y contención del COVID-19.
Estos mecanismos permitirían agrupar las necesidades comunes de las distintas entidades y comprar conjuntamente bienes y servicios para combatir la pandemia, así cómo coordinar, revisar y dar directrices respecto de la calidad y oportunidad de lo que se compra en virtud de la Emergencia Social, Económica y Ecológica.
Además, instaron a Colombia Compra Eficiente a agilizar y dar celeridad al diseño, estructuración y puesta a disposición de las gobernaciones y alcaldías, de los Instrumentos de Agregación de Demanda necesarios para la compra de bienes y servicios imprescindibles para atender y mitigar la pandemia.
En desarrollo del programa ´Transparencia por la emergencia´, los órganos de control recordaron a los ejecutores del gasto que están vigilando y garantizando el uso eficiente de los recursos públicos disponibles para mitigar, contener y subsanar los efectos negativos del coronavirus, por lo que alertarán de manera inmediata y sancionarán contundentemente el mal uso de esos fondos, y la vulneración de los derechos de los ciudadanos y del personal médico y del sector salud.
Resaltaron que el propósito de la Procuraduría y la Contraloría es proteger a la población más vulnerable con medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en las contrataciones, así como la transparencia y legalidad de cualquier gasto derivado de la emergencia.
Finalmente, indicaron que es deber de las entidades territoriales, en atención a los artículos 4 y 6 del Decreto Ley 440 de 2020, preferir la compra de los bienes y servicios que están disponibles en las grandes superficies y en la Tienda Virtual del Estado colombiano, que hoy pone a disposición, elementos como: alcohol, algodón, cajas de seguridad, bolsas, gel antibacterial, guantes, jabón, toallas para manos, limpiadores, yodo, entre otros.