Durante el debate de control político en la Comisión Quinta se expuso la situación que viven los pequeños mineros del país, pues muchos viven en la informalidad y han llegado a ser tildados como ilegales y criminales, motivo por el cual se hizo una petición para cambiar esa percepción y ser concebidos como pequeños mineros estructurados y formalizados.

En la sesión virtual de la célula legislativa participaron la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Silvana Habib; la viceministra de Minas, Carolina Rojas; el presidente de Conalminercol, Mauricio Gómez; el representante de la Asociación de Mineros de Marmato, Rubén Rotavista; un minero artesanal de la región de Los Andes, Nariño, Cristian García, los alcaldes de Supía y Riosucio, Marco Londoño y Marlon Tamayo, respectivamente, y el representante de los pequeños mineros de Boyacá, Jorge Arévalo.

La viceministra de Minas, Carolina Rojas, manifestó que están comprometidos en la recuperación económica de los pequeños y medianos mineros cuando pase esta pandemia, enfatizando que el presidente Iván Duque ha focalizado su compromiso en estos sectores, reconociendo que la minería está presente en todo el país, y la cual tiene diferentes tamaños y genera muchísimos empleos, que son empleos formales, que generan valor y que además contribuyen en las economías regionales en donde están localizadas.

Desde el Gobierno Nacional e han centrado en una política pública que se debe adaptar a los diferentes tipos, escalas y tamaños de la minería, enmarcado en tres ejes temáticos:
1. Fortalecimiento institucional
2. Diversificación
3. Legalidad y fomento

Aclarando que el Plan Nacional de Desarrollo establece un pacto por la sostenibilidad y los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades, así tratando de buscar alternativas tales como Finagro, que sería una línea de crédito especial para el sector minero.

Adicionalmente, la Viceministra aseguró que el Gobierno Nacional dispone de 10 mil millones para atender a 60 mil mineros en más de 200 municipios, mediante el Decreto 574 de 2020.

Silvana Habib, presidenta de la Agencia Nacional de Minas (ANM), hizo especial énfasis en las medidas de reacción y atención que se han tomado en la ANM frente al Covid-19:
1) Recepción y direccionamiento a entidades competentes de protocolos de bioseguridad
2) Articulación de entes territoriales y gerentes por región del grupo socioambiental
3) Articulación de empresas del sector
4) Información en tiempo real de situación de suministro de carbón para térmicas
5) Cadena de comercialización que incluye una iniciativa para una cadena legal, limpia y segura
Además, reconoció que pese a la situación de crisis que vive el país, la institucionalidad de la compañía sigue fuerte.
Destacó que empezaron a trabajar de manera muy coordinada con las entidades competentes de salud y de las territoriales para hacer una articulación importante con las empresas de esos sectores y sobre todo con los gerentes de cada empresa en el grupo socioambiental.

Resaltó que la ANM hace minería aliada para la reactivación de económica sobre los ejes ambientales y técnicos. Respecto a esto, destacó que la ANM no para en la agilización de trámites de minería, hay apoyo para los mineros y que se adapta a la innovación y retos tecnológicos.

Respecto al Plan Nacional de Desarrollo existe el ‘“Pacto por Colombia, por la Equidad’, en el que destacó hay tres objetivos de asistencia técnica principales:
1) Elevar los niveles de cumplimiento de obligaciones de los proyectos mineros
2) Consolidar proyectos objeto de asistencia técnica como Negocios Mineros Sostenibles.
3) Promover mejores condiciones laborales, de seguridad y prácticas productivas más eficientes.

Por su parte, Rubén Rotavista, representante de la Asociación de Mineros de Marmato, se manifestó sobre la problemática minera que hay en el municipio. Reconoció que uno de los principales problemas es lo que tiene que ver en materia de explosivos. De acuerdo con lo anterior, expresó que lo mineros marmateños se están muriendo por la falta de explosivos apara el trabajo, debido a la ilegalidad en la que se encuentran.

Luego, procedió a hacer una petición a la Comisión Quinta, en la que propuso se planteen proyectos para que los problemas de los mineros marmateños sean solucionados. Aseveró que una modificación al Código Minero y la emisión de decretos que favorezcan a la pequeña minería es necesaria.

Entre tanto, Cristian García, minero artesanal de Los Andes, Nariño, manifestó que en los esquemas de ordenamiento territorial no se encuentra estipulada la actividad minera. Si se quisieran expedir permisos, licencias ambientales, entre otros, no sería posible ponerlo en funcionamiento puesto que dichos esquemas no se encuentran establecidos.

Expuso que los nariñenses están teniendo problemas con el tema de “áreas corridas”, pues se movieron, aproximadamente, entre 300 y 400 metros lineales, motivo por el que los títulos otorgados a los mineros están, hoy en día, fuera de las áreas otorgadas.

El alcalde se Supía, Caldas, Marco Londoño, recalcó que hay elementos estructurales que se pueden resolver en el corto plazo si se tuviera la voluntad política por parte del Gobierno Nacional y de los legisladores, en coordinación con las respectivas alcaldías.

Expresó que es de suma importancia que la Ley 685 del 2001 se estudie y buscar la forma de tener apoyo con los productores, porque las concesiones que se están solicitando son temas tortuosos y no se ha llegado a ninguna conclusión hasta el momento. Destacó que un proceso educativo que se puede trabajar en la Administración Nacional Departamental y Municipal para capacitar a los mineros ancestrales, artesanales y tradicionales para que puedan desarrollar esa actividad en el marco de la legalidad podría ser útil a la hora de buscar soluciones.

Por otra parte, Jorge Arévalo, representante de pequeños mineros de Boyacá enfatizó en que la minería no se debe ver solamente como la actividad extractiva, sino como la identidad particular de un pueblo, pues en la mayoría de los casos, es una actividad que ha sido heredada de varias generaciones. En Ráquira, Boyacá, por ejemplo, si no se cuenta con el apoyo del Estado para formalizar y legalizar la extracción de la arcilla, podría estar en peligro la supervivencia de ésta, resaltó.

Debido a eso hizo una petición a nombre de las 2.500 personas que viven de la extracción y artesanía de la arcilla, para que se revise la Ley 685 teniendo en cuenta el trato específico que se les debe dar a los mineros.

Otro de los invitados especiales a este debate fue el presidente de Conalminercol, Mauricio Gómez, quien manifestó que las problemáticas siguen siendo las mismas de siempre, que tanto el apalancamiento, la legalidad y la institucionalidad no llegan a las zonas mineras, sin olvidar que este sector tiene una estigmatización particular, puesto que se habla de minería legal, ilegal y criminal, sin que exista una normativa efectiva que describa con exactitud esos términos y que en la realidad lleven a feliz término los procesos de legalización.

Enfatizando, que muchos miembros del sector buscan acceder a esa legalización, pero es muy difícil este proceso, ya que no tiene apoyos, la banca les cerró las puertas y esto a su vez los obliga a un estancamiento, al no tener acceso a créditos que les permita realizar inversiones en maquinarias que facilitarían y volverían más rentable su labor.

Hablan los senadores

El senador Alejandro Corrales manifestó el deseo de mostrar que Colombia tiene un potencial inmenso en materia de minería y que la pequeña minería artesanal es una parte fundamental en todo ese sector. Para la reactivación económica, reconoció, se va a necesitar mucho empleo, trabajo y recursos, por lo que este sector puede ser una de las puntas de lanza para una reactivación satisfactoria.
Por otra parte, celebró la proactividad del presidente Duque y la de sus funcionarios, pues no es tarea fácil tener un Ministerio que tenga claro el problema y que quiera ser proactivo ante una problemática tan grande como la que se vive en el país. Sin embargo, hizo una sugerencia al Banco de la República para se abran oficinas descentralizadas en las que se pueda realizar la compra del oro en el país para evitar la informalidad, ilegalidad, violencia, entre otros.

La senador Maritza Martínez especificó que hay 59.300 mineros de subsistencia, los cuales recibirán una ayuda de cerca de $160.000 mil pesos, dinero que deben gestionar los mineros y recibir a través de la alcaldía respectiva, lo que significa que 9.500 millones de pesos se destinaron en estas ayudas en total, asegurando que es muy positivo este rubro asignado, rubro que llegará a una población que realmente lo necesita.

Por lo anterior, la senadora Martínez puso sobre la mesa una pregunta muy puntual: “¿Si se destinaron en total 9.500 millones para estas ayudas y en el presupuesto hay 44 mil millones, quisiera saber en qué se va a destinar los cerca de 35 mil millones de pesos pendientes de asignación?”, solicitando que se debe buscar una solución antes de distribuir esos recursos en su totalidad, puesto que muchos mineros no van a poder acceder a estas ayudas por la problemática del subregistro.

La congresista Nora García enfatizó en que no obstante los esfuerzos del Gobierno Nacional, Colombia debe legalizar la minería, además de haber llevado a colación que es un tema de carácter urgente y que se ha conversado en varias ocasiones. Resaltó que están muy dispuestos, como lo hicieron en el Plan de Desarrollo, a aprobar los artículos que ayudan a avanzar en el tema de una forma satisfactoria.

No obstante, queda mucho por hacer. Legalizar a los pequeños mineros para que no sigan siendo tildados como ilegales criminales, sino como pequeños mineros estructurados y formalizados para que puedan mejorar su trabajo y su día a día laboral.

Entre tanto, la senadora Daira Galvis reconoció que como Congreso se ha tratado de defender los intereses de la población más vulnerable y del minero artesanal, que carece de la asistencia del Gobierno Nacional. Esto, aclaró, no es cuestión de ahora, sino que, por el contrario, viene de gobiernos pasados. Reconoció que se puede hacer un debate que toque fondo y aun así no mejora la condición del minero artesanal.

Por su parte, la senadora Sandra Ortiz aseguró que los sectores productivos que van a sacar adelante la economía del país son el agropecuario y minero, argumentando que el gobierno nacional se debe dar cuenta que el sector petrolero no es el único camino, muchos más sectores están ayudando al país.

Afirmó que el Partido Verde nunca ha estado en contra de la minería, “estamos en contra de la minería ilegal”, ya que como partido buscan acompañar y ser garantes de la legalidad, asegurando que el Gobierno Nacional debe tener mano dura con los bancos, quienes deben apoyar a los sectores que más los necesitan, en este caso el minero, y no por el contrario cerrando sus puertas, cuando siempre la banca ha tenido un estatus de beneficio y prelación.

El legislador Jorge Robledo reconoció que, cuando se le habla de minería en el país, siempre se orienta por una frase en particular, “minería sí, pero no así”, manifestó.

Destacó que Colombia es informalidad y no solo en la minería. “Este es un país de capitalismo subdesarrollado, atrasado, premoderno. Es un capitalismo lleno de realidades feudales”, afirmó.

Hizo especial énfasis en que informalidad no es sinónimo de criminalidad. Aseguró que en el país ha habido una deformación en los últimos años inaceptable, pues se asocia la informalidad, que en muchos casos tiene connotación de ilegalidad, como por ejemplo, un vendedor ambulante, pero eso no los vuelve criminales. Son dos conceptos muy distintos y es necesario diferenciarlos. De acuerdo con esto, reconoció que no ha visto un solo proyecto de formalización que resuelva y formalice verdaderamente. “En general, esos proyectos fracasan, porque exigen normas tan difíciles de cumplir, que se vuelve imposible la formalización y la persecución de incrementar”, puntualizó.

El senador Jorge Londoño manifestó que tanto la pequeña y mediana minería serán un renglón de la pos-pandemia, asegurando que hoy el mundo está viviendo esta crisis debido al descuido y abuso que se le ha hecho al medio ambiente. Adicionalmente, enfatizó la importancia de respetar la autonomía territorial, en donde las regiones deben tener la capacidad de manejar la minería de cada una de ellas, ya que el centralismo a lo único que nos ha llevado es a una corrupción desbordada.

Por su parte, el congresista Eduardo Pacheco reconoció los logros obtenidos por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, atendiendo las necesidades de la pequeña y mediana minería para superar la ilegalidad y la informalidad.

Destacó que en Colombia se favorecen los grandes proyectos a través de empresas multinacionales. En los últimos años se han multiplicado los títulos mineros a favor de esas empresas, mientras que la minería a pequeña escala continúa desarrollándose, prácticamente sola, con limitaciones al margen del sector formal.

El senador Guillermo García Realpe aseguró que los dirigentes mineros además de ser exitosos en su tarea, han demostrado ser gente formada, con amplia experiencia y propuestas concretas para su sector, afirmando que el Gobierno Nacional tiene muchas buenas propuestas en papel, las cuales si fueran una realidad permitirían considerar que Colombia tendría un sector minero formalizado, tecnificado y eficiente, pero al contrastar con la realidad se evidencia que los miembros de dicho sector son los más atropellados y las condiciones anteriores no se acerca en lo más mínimo a su diario vivir.

Así mismo, García Realpe reiteró que la gran minería y la mega minería, las que poseen las grandes concesiones de miles de hectáreas, han desconocido el título de posesión histórica, propiedades ancestrales y centenarias, arremetiendo contra los propietarios, nuestros cultivadores tradicionales, negándoles los derechos a sus títulos históricos, sino también arrebatándoles su historia y su cultura, afirmando que “no es justo que el Estado Colombiano no respete la tradición, ni la posición de títulos históricos”.

Por su parte, el senador Didier Lobo argumentó que el acompañamiento por parte del Gobierno Nacional a los mineros ha sido insuficiente, sector que tiene evidentes problemáticas desde antes de la pandemia y las que ahora se ven agudizadas, haciendo un llamado a incrementar el esfuerzo por garantizar y facilitar la formalización y legalidad a los pequeños y medianos mineros, puesto que dichos procesos no tiene el acompañamiento y seguimiento necesario y el centralismo ha roto la comunicación y por ende el canal de seguimiento efectivo.