–El comando del Ejército Nacional confirmó la captura de un militar venezolano que presuntamente realizaba operaciones de espíonaje en territorio colombiano para el régimen de Nicolás Maduro.

La captura del sujeto, un suboficial activo de la Fuerza Armada Bolivana la hicieron efectiva tropas de la Décima Brigada Blindada, unidad militar orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, después de un trabajo de contrainteligencia del Ejército Nacional de más de un año de seguimiento, en un trabajo interinstitucional junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia.

Según el reporte militar la aprehensión se realizó en un puesto de control instalado en la Ye de Corazones, en la vía que comunica de Valledupar al departamento de La Guajira, «luego de establecerse que esta persona ingresó al país en calidad de refugiado, con la misión de desarrollar actividades de espionaje a las unidades militares en el territorio nacional, especialmente sobre los departamentos de La Guajira y Cesar».

En el momento de su aprehensión esta persona tenía en su poder documentos que le acreditan como militar activo en el grado de sargento segundo, identificado como Gerardo José Rojas Castillo, procedente de la ciudad de Carora, del Estado Lara, Venezuela, información que él mismo posteriormente confirmó, precisa el comunicado.

Agrega que el aprehendido, según datos recopilados, cuenta con los cursos y capacitaciones militares de DIGECIN Dirección General Contrainteligencia Militar, Curso Cazador, Fuerzas Especiales o Caribe, curso de Paracaidista, curso de Mando y conducción y curso de Infiltración.

Destaca el comunicado que el militar venezolano «al parecer fingía ser el dueño de un puesto de venta de jugos frente a las instalaciones militares y, posteriormente, logró ingresar a una empresa de Transportes de Valledupar como vigilante de seguridad, donde podía observar de forma permanente los movimientos externos del Cantón Militar de la Décima Brigada Blindada».

Finalmente señala que el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de iniciar las medidas migratorias y administrativas a que haya lugar por sus actividades, que pusieron en riesgo la seguridad nacional.