–La Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, escuchó por primera vez a Julián Gallo Cubillos, más conocido con el alias de Carlos Antonio Lozada, en el marco de las diligencias convocadas para establecer las razones por las cuales las desaparecidas Farc ordenaron los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín.

La diligencia de aporte a la verdad, que se llevó a cabo en las instalaciones de la JEP, busca recaudar información que permita evaluar y determinar si la Jurisdicción tiene competencia material sobre estos seis homicidios, sobre los que los cabecillas del extinto grupo armado ofrecieron esclarecer los hechos ocurridos y asumir responsabilidad temprana.

“El recaudo de información no invalida ni afecta la actuación de la Fiscalía General de la Nación, que, conforme a su autonomía e independencia judicial, podrá incluso, valorar la información recaudada hoy, de acuerdo con sus propias hipótesis de investigación», aseguró el magistrado Iván González, presidente de la Sala de Reconocimiento, al inicio de la audiencia pública.

Durante más de siete horas, Gallo Cubillos respondió las preguntas de seis magistrados de la Sala de Reconocimiento, de las víctimas y sus representantes. El compareciente inicialmente entregó un relato en el que se refirió a cada uno de los casos y también respondió las preguntas de la magistratura que apuntaban a ahondar en cada uno de ellos.

Frente al homicidio del general (r) Landazábal, por ejemplo, el magistrado Óscar Parra preguntó sobre “quién, por qué y cómo se ordenó su asesinato. En particular, por qué se le asesinó en 1998, ¿si ya no pertenecía al Ejército Nacional desde hacía más de 15 años y era un adulto mayor?».

¿Cuál era el tipo de armas que utilizaba la Red Urbana Antonio Nariño?, ¿Cuántos miembros de esa estructura están vivos y pueden comparecer ante la JEP?, ¿Usted transmitía las órdenes a las personas que iban a ejecutar los homicidios? y ¿las personas condenadas por estos homicidios cumplieron órdenes suyas?, fueron los cuestionamientos del magistrado auxiliar Farid Benavides.

Por su parte, el presidente de la Sala de Reconocimiento indagó: ¿En cualquiera de estos seis homicidios ustedes contaron con la colaboración de paramilitares, guerrilleros o cualquier otro grupo armado? y ¿ustedes tuvieron colaboración, ayuda o de alguna manera silencio o aquiescencia de autoridades del Estado?

Al finalizar la diligencia, a las 5:28 p.m. el magistrado González señaló que la participación de Gallo era muy valiosa y afirmó que lo volvería a llamar para ampliar la información, si lo consideraban necesario.

A familiares de las víctimas y sus representantes, hago claridad que en aras de la verdad que hemos aportado, buscamos describir de la mejor forma lo sucedido.
No solamente honramos el compromiso por razones políticas, también por el convencimiento que el conflicto debe terminar pic.twitter.com/IRyikqyCv5

— Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) December 10, 2020

En la diligencia también participaron los familiares de las víctimas que hicieron preguntas a Gallo Cubillos sobre los hechos relatados. En la sala se encontraban los hijos de Hernando Pizarro León Gómez, los abogados de Mauricio Gómez Escobar, de Enrique Gómez Martínez y Margarita Gómez Escobar, familiares del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Además, la hermana e hijo del general (r) Fernando Landazábal, quienes participaron en la diligencia de manera virtual.

Las preguntas de las víctimas giraron alrededor de detalles de las operaciones en las que sucedieron estos hechos. Por ejemplo, la abogada Ximena Castilla, representante de la familia Pizarro León-Gómez, pidió más información sobre la decisión que llevó a las extintas Farc – EP a ejecutar el asesinato de Pizarro y por qué lo hicieron 25 años después, cuando hay una persona condenada y privada de su libertad por este hecho.

Frente a los comentarios y preguntas de las víctimas el compareciente manifestó: “Somos conscientes del dolor que les causamos, con humildad pedimos perdón y estamos dispuestos a ampliar la información que se requiera».

El 30 de septiembre de 2020, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Pastor Alape enviaron una carta a la JEP en la que se atribuían seis crímenes de connotación nacional. La Jurisdicción anunció que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad estudiaría el caso y que llamaría a los máximos responsables a entregar verdad plena y determinar si la JEP tiene o no competencia.

La Sala citó inicialmente a Julián Gallo y Rodrigo Londoño para la diligencia de aporte de verdad el 7 y 17 de noviembre. Sin embargo, los familiares de Álvaro Gómez Hurtado interpusieron un recurso de reposición que pretendía evitar el procedimiento judicial. Finalmente, el despacho negó el recurso y la audiencia fue convocada nuevamente para el 10 de diciembre.

Tras esta decisión, la familia de Álvaro Gómez Hurtado interpuso una acción de tutela con el argumento de que fueron violados sus derechos al acceso a la información y la verdad y pidieron conocer toda la información aportada por los comparecientes en el caso. Finalmente, la diligencia se llevó a cabo el 10 de diciembre como había sido programada.

La diligencia de aporte de verdad de Rodrigo Londoño Echeverri, último máximo comandante de la Farc – EP, fue ordenada para el 10 de diciembre, pero fue aplazada nuevamente por problemas de salud del compareciente.