El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, que verifique cada uno de los 6.402 casos de asesinatos extrajudiciales que anunció que contabilizó en el marco de las investigaciones sobre el tema, un número mucho mayor a los 2.000 recibidos inicialmente por ese tribunal.

«No se trata solo de estadísticas. Estamos hablando de personas, no de números. Puede haber bases de datos con cifras posiblemente diferentes, pero no basta. Deben verificarse desde el origen, identificar a cada uno, decir si fueron desaparecidos o afectados por otro delito», dijo Ceballos en un video difundido por su despacho.

Ceballos advirtió que únicamente «se podrá hablar de nuevos casos de falsos positivos una vez la JEP identifique individualmente las posibles víctimas, yendo más allá de informaciones contenidas en bases de datos no verificadas».

Algo que también sostiene el expresidente Álvaro Uribe, principal señalado por organizaciones sociales y familiares de víctimas de ser responsable de buena parte de los asesinatos extrajudiciales.

La semana pasada la JEP aseguró que las investigaciones allegadas dan cuenta de que si bien esos asesinatos se presentaron desde finales de los años 80, en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, justo durante los años de Gobierno de Uribe, se registró el 78% del total de víctimas de falsos positivos.

Según la JEP, fuentes que han aportado información al respecto -como organizaciones defensoras de derechos humanos y centros de estudio sobre el conflicto- también coinciden en que el registro de ese tipo de crímenes cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados al año siguiente.

Mediante esa práctica los militares buscaban prebendas y ascensos, por lo que asesinaron a miles de jóvenes civiles en varias regiones del país, a quienes hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate.

Tras la denuncia de la JEP, Uribe señaló que los informes sobre falsos positivos están viciados en su contra por parte de organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, de las que dijo son enemigas de su mandato y que han aportado información diferente a la entregada por la Fiscalía ante el tribunal de paz, que él considera que no debe existir.

En su declaración del miércoles, Ceballos se hizo también eco del llamado del presidente Iván Duque para que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas haga seguimiento a las sanciones impuestas en el marco del trabajo de la JEP, e insistió en la necesidad de tener resultados ágiles de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en cada uno de los casos existentes y de los posibles nuevos hallazgos.