El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo que el Gobierno Nacional no ahorra esfuerzos para proteger a los excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz, luego de que la JEP emitió órdenes a diferentes instituciones para que protejan a más de 9.000 desmovilizados.

«Somos respetuosos de todas las decisiones de los jueces, el propósito es que no se vea afectada ninguna persona en reincorporación y no ahorramos esfuerzos para su protección», dijo Archila.

Agregó que en 30 meses de Gobierno se ha actuado con más de 50 entidades del Estado desarrollando acciones para proteger a personas amenazadas que estaban en riesgo

Archila se refirió al pronunciamiento que el 2 de marzo hizo la Jurisdicción Especial de Paz – JEP, sobre la articulación de las medidas de protección para los desmovilizados, y dijo que el país debe seguir unido contra los narcotraficantes y las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, que perpetran el 80% de los homicidios y agresiones.

«Nos hemos articulado y la Fiscalía es 50% más efectiva en la investigación de homicidios de excombatientes, y nuestra meta es que haya cero agresiones», insistió.

Órdenes de la JEP

Según la JEP, los esfuerzos del Gobierno central y de otras entidades del Estado para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las FARC no son suficientes, por lo que emitió órdenes a diferentes instituciones para que los protejan.

«Diez meses después de que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP empezó el estudio de medidas cautelares colectivas para proteger a los comparecientes de las FARC, la jurisdicción encontró que se cumple con los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad para impartir órdenes a distintas autoridades», indica un comunicado de la JEP.

Entre los organismos a los que emitió órdenes se encuentran los ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como la Procuraduría General.

La JEP reveló que las órdenes fueron impartidas el 26 de febrero, luego de que el jueves convocó a una Audiencia Pública Nacional en la que los magistrados escucharon rendir cuentas a distintas instituciones del Gobierno y a la Fiscalía sobre su gestión para contener y prevenir el asesinato y las amenazas a firmantes del Acuerdo Final de Paz.