–Diez y seis eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias -11.150 personas, se han registrado en los últimos días en el territorio colombiano, denunció este lunes la Defensoría del Pueblo, para pedir al Gobierno Nacional mayor eficacia para combatir las causas de crisis humanitaria.

Además, 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense han sufrido confinamiento, asegura en un comunicado el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien advirtió que del total de desplazados, el 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano.

Camargo Assis señala que estos hechos de violencia protagonizados por diferentes grupos armados ilegales son consecuencia de las disputas territoriales que suceden en las comunidades rurales indígenas, en comunidades negras y campesinas, así como en zonas urbanas, como en el Distrito de Buenaventura, y otras donde prevalecen condiciones de vulnerabilidad y donde la Defensoría ha detectado dificultades en materia de garantías de seguridad para excombatientes y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, entre otros.

Son hechos, afirma, que aterrorizan a la población con homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas y señalamientos y, en general, prácticas de sometimiento y control poblacional.

Según el Defensor del Pueblo, estos hechos se enmarcan de manera particular en las disputas de facciones disidentes de las ex Farc (frentes 36 y 18), el Eln, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (‘caparros’) y grupos de crimen organizado contra las AGC en el noroccidente del país (occidente y suroeste antioqueños, Bajo Cauca, Sur de Córdoba), enfrentados por las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de droga, así como la captación ilícita de rentas provenientes de la minería ilegal y trata de personas, entre otras.

El defensor destaca que los escenarios de estas situaciones se multiplican en el territorio del país, participando diferentes grupos del crimen organizado bajo múltiples denominaciones que cambian según los territorios, que entre el 1 de enero y la fecha han generado desplazamientos forzados, homicidios, masacres, confinamientos, asesinatos de líderes sociales, amenazas contra líderes indígenas, asesinatos de excombatientes, entre otros delitos, particularmente en el suroccidente del país, Catatumbo y la frontera colombo venezolana.

“La Defensoría del Pueblo ha desplegado grupos interdisciplinarios con funcionarios de orden nacional como delegados y expertos en desplazamiento forzado, así como asesores, defensores comunitarios y facilitadores que están ligados a las regionales, para un promedio de cinco a siete servidores por cada caso y que trabajan en terreno, levantan información y hacen seguimiento a la problemática”, afirma Carlos Camargo Assis.

El Defensor resalta que así ha ocurrido en el 2021 en El Salado, el sur del Cauca, el bajo cauca antioqueño, el Urabá antioqueño y chocoano, Buenaventura, Chocó, el Catatumbo y en el Alto Baudó, por ejemplo. De esa labor se trabaja por la ayuda humanitaria a las víctimas y, además, se conforman las alertas tempranas que tienen incidencia de carácter nacional.

Finalmente, el Defensor del Pueblo reitera a las autoridades la urgente necesidad de adoptar medidas de disuasión y control de los factores de violencia y amenazas, que están atentando contra la población civil, ocasionando desplazamientos masivos e individuales, así como confinamientos con grave afectación a comunidades campesinas y étnicas. Así mismo brindar medidas de protección y mitigación del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, por medio de acciones eficaces de prevención y protección que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población, particularmente aquella en situación de desplazamiento y confinamiento. Y solicita atención humanitaria de emergencia y restitución de derechos para las comunidades desplazadas, por medio de un retorno a sus lugares de origen con suficientes garantías de seguridad.

De otro lado, Defensoria indicó que está haciendo acompañamiento y seguimiento a atención humanitaria a 318 personas de Cevedé, Resguardo Tahami-Alto Andagueda, Bagadó, Chocó, quienes fueron desplazados por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en su región y ahora están en Pueblo Rico, Risaralda.

La comunidad está siendo atendida por las autoridades locales en un albergue temporal y desde mañana se entregarán mercados a las familias. Desde el sector salud se practicarán pruebas de covid-19 para evitar la propagación del virus.

En Comité de Justicia Transicional Extraordinario Ampliado, la Defensoria, gobernaciones de Chocó y Risaralda revisarán ruta de atención y acciones en el marco de emergencia, a la que hacemos seguimiento constante para verificar que se garanticen los DD.HH. de las víctimas.

Por otra parte, la Defensoria rechaza tajantemente el asesinato de cinco jóvenes en Oropoma, Abrego, N. de Santander. 5 jóvenes más resultaron heridos y son atendidos. Las víctimas departían en un establecimiento cuando fueron atacadas por hombres armados que dispararon indiscriminadamente.

«Exhortamos a las autoridades a dar con los responsables de tan lamentable hecho y a tomar medidas que garanticen la protección de la comunidad. Enviamos nuestro sentido pésame a las familias de las víctimas y condenamos estas actuaciones que enlutan el país”, precisó el defensor Carlos Camargo.