La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 y 10 años, a los presidentes del concejo de Landázuri – Santander, Hasveydy López Agudelo y Gil Roberto Rojas Villamil (2016-2019), respectivamente, por irregularidades en la contratación.

El primer cargo demostrado por la PGN, son las actas de recibo final de liquidación de un contrato de compraventa a papelería e implementos de oficina en el año 2018, donde aparece la firma de López Agudelo. Después, el Ministerio Público comprobó que la disciplinada firmó las actas de recibo final y liquidación de un suministro de elementos de aseo en el 2018, sin que el objeto se hubiera recibido en su totalidad. Además, se apropió de $934.071 y permitió que la contratista se apropiara de cerca de $250.000, sumas que hacían parte de este negocio jurídico.

El ente de control evidenció que Rojas Villamil consignó información contraria a la realidad, suscribió las actas de recibo a satisfacción y liquidación de un contrato de compraventa de papelería e implementos de oficina en el 2017 para el funcionamiento de la corporación, donde indicó que los materiales habían sido entregados en un mismo momento, a pesar de que se suministraron periódicamente.

La Procuraduría Provincial de Vélez estableció que, al incluir información contraria a la realidad en los documentos públicos, los exfuncionarios municipales incurrieron en la descripción típica de falsedad ideológica en documento público, y que la exconcejala también incurrió en la descripción típica de peculado por apropiación.

Las faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo. Contra la decisión de primera instancia se procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Santander.

Teniendo en cuenta que estos hechos podrían tener implicaciones de tipo penal, se envió copia de la decisión a la Fiscalía General de la Nación.