–Durante la ceremonia de posesión de las directoras de Prosperidad Social, Cielo Elainne Rusinque Urrego, y del ICBF, Concepción Baracaldo Aldana, el presidente adelantó este martes lo que será la Reforma Pensional que se propone presentar al Congreso de la República, aunque aclaró que no será tramitada este año, sino el próximo 2023.

Según indicó el mandatario, la enmienda busca que se irradien recursos al programa de adulto mayor.

“Hay $ 500 mil millones que el Departamento de Prosperidad Social, DPS, maneja para vivienda. Eso debería estar en el Ministerio de Vivienda”, así como “$ 1 billón y pico de recursos para adulto mayor, a través de los famosos bonos de $70 mil, $ 80 mil que no le quitan el hambre a nadie”, precisó Petro.

Añadió que estos fondos “deben pasar a Colpensiones en espera de lograr que la reforma pensional irradie recursos hacia el programa adulto mayor. Eso lo veremos el año entrante, ubicando la opción, por primera vez en la historia de Colombia, del 100 % de cobertura pensional a través de un bono que, en lugar de ese de $80 mil y que pase a ser de $500 mil y haga que el viejo, hoy no pensionado, la señora sabía, como le llamo yo, adulta mayor hoy no pensionada pueda superar la línea de pobreza”.

Por esta razón, insistió en que la cuantía de los recursos para lograr este objetivo “implica una reforma pensional, es decir que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones, originando el sistema de pilares”.

Frente a la información que se divulgó en un medio de comunicación de la capital, en el sentido de que «reconfirmó su propuesta de reforma pensional: parte de recursos de fondos privados de pensiones se usarían para pagar mesadas de adultos mayores hoy sin pensión», el mandatario rectificó:

De otro lado, el presidente Petro se refirió al programa Jóvenes en Paz, que implementó cuando fue Alcalde de Bogotá.

Sobre este aspecto afirmó que Prosperidad Social, en trabajo coordinado con el ICBF, adelantarán la reedición del programa Jóvenes en Paz “que estaba enmarcado una perspectiva de seguridad, que duró un año en la ciudad de Bogotá, pero que dio resultados fundamentales”.

“El programa Jóvenes en Paz implicaba, en ese momento, 10 mil muchachos en peligro de criminalidad o en la criminalidad” que se dedicaban “básicamente al hurto de celulares, pero podían cambiar por un recurso del Estado la actividad robar celulares y entrar a estudiar”, explicó.

Por ello, aseguró que si este programa se extiende a todo el país, “ya no son 10 mil sino 100 mil jóvenes”, lo cual implicaría una inversión de $ 1 billón el año entrante, recursos que se destinarán para que los jóvenes no entren o dejen de pertenecer a las bandas “que están haciendo lo que ya sabemos” y que entren “a estudiar o acabar de estudiar”, lo cual determinaría que “tendríamos un motor fundamental para disminuir la tasa de homicidios, será el indicador, disminuir la violencia en general en las zonas de mapa de calor de los municipios y ciudades más violentas del país”.

“Es decir, entraríamos a tener una palanca de acción que ayudase hacia la Paz Total, pero en Prosperidad Social”, enfatizó.

Sin embargo, dejó claro que muchos de los integrantes de estas bandas son menores de 18 años, razón por la cual indicó que el ICBF “no está preparado para recibir esas personas”.

De hecho, reconoció que “el ICBF tiene una mentalidad carcelaria” y “los jóvenes, los niños, niñas se escapan y vuelven a la guerra” y se perdió la oportunidad de que los programas fueran en paz, en libertad ofreciendo otras alternativas y perspectivas para esta población.