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Procuraduría llama a cuentas a 36 entidades territoriales por inconsistencias en reporte de los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar, PAE

–En total, 36 entidades territoriales fueron requeridas por la Procuraduría General de la Nación para que aclaren la información sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE, por las inconsistencias detectadas en los gastos o recursos destinados para adquisiciones y contratos.

El ministerio público afirmó que advirtió serias inconsistencias por parte de ls 36 entidades territoriales, en los reportes de información para el seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El ente de control requirió a 29 municipios y 7 departamentos del país para que revisen y ajusten la información reportada en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP que, en algunos casos, presentan anomalías en el registro de los días de atención contratados, asignación de recursos versus porcentaje de compromisos asumidos con dichos recursos y adiciones en contratos por más del 50 %.

En su comunicación, el ente de control recordó que el reporte de la información debe ser confiable, veraz, oportuno y preciso y que el no envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno nacional y el haber remitido o entregado información incompleta o errónea, puede constituir un riesgo para la prestación adecuada de los servicios financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

El Ministerio Público exhortó a las entidades territoriales responsables a que registren la información de manera acertada pues esta es fundamental para monitorear y lograr el seguimiento, evaluación y control de la destinación de recursos del PAE, así como para la implementación de soluciones de política pública orientadas a garantizar el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios.

La Procuraduría continuará adelantando acciones para anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública.

Estas son las entidades que fueron requeridas por el Ministerio Público y el tipo de información que debe ser aclarada y/o ajustada: