–En una alerta temprana, la Defensoría del Pueblo, advirtió que la llamada columna móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, ha convertido a Toribío, Cauca, en centro de sus operaciones militares y financieras, así como lugar de ‘acogida’ o concentración de niños, niñas y adolescentes, que son reclutados de manera forzada en los municipios del norte caucano para, luego de un breve entrenamiento, ser incorporados en las diferentes subestructuras del comando coordinador de occidente, a la cual se encuentra adscrita esta Columna Móvil.

Según el Defensor Carlos Camargo Assis, en ese municipio hay un alto riesgo para sus 37.000 habitantes, 96% de los cuales son indígenas de la comunidad nasa de los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco, debido, además, por la intermitencia y tránsito del Eln, la Segunda Marquetalia y las autodefensas gaitanistas o clan del golfo que, aunque no tienen presencia física, son generadores de amenazas.

“Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumpla. Por ejemplo, a los establecimientos públicos se les prohíbe vender bebidas alcohólicas en días de semana, no se le permite el parqueo de motocicletas frente a los locales y se les establece una hora de cierre, entre otras restricciones”, indicó Camargo Assis.

Dijo que la Defensoría del Pueblo también ha identificado que los grupos armados envían panfletos amenazantes a personas específicas y otros de imposición de normas como que en los vehículos no pueden circular con los vidrios de las ventanas arriba o los motociclistas con cascos puestos, entre otras. También han instalado pasacalles, pancartas y grafitis, algunos con artefactos explosivos improvisados.

Agregó que las disidencias de las Farc manejan la ‘ruta de la marihuana’ o ‘el triángulo de la marihuana’, que lo conforman los municipios de Miranda, Corinto y Toribio, paso obligado para acceder al oriente caucano y al centro y sur del Valle del Cauca.

El Defensor señaló que allí preocupa que imponen restricciones a la movilidad mediante retenes y patrullajes constantes en el parque principal y la cabecera municipal de Toribío. En estos retenes ilegales han cometido secuestros extorsivos y hurtos, puntualizó.

“Todos estos hechos causan afectaciones a los derechos humanos de la población civil que reside en este municipio, muchos de ellos expresados en homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, desaparición forzada, masacres y desplazamientos forzados individuales y masivos», advirtió Camargo Assis y concluyó:

«Pero en especial son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes están corriendo más peligro por el interés del grupo armado ilegal de reclutarlos a la fuerza, de impartirles instrucciones tipo ‘escuela de entrenamiento’ para posteriormente enviarlos hacia las estructuras donde finalmente los vinculan a sus filas armadas».