–La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Secretaria Distrital de Integración Social adoptar con urgencia medidas articuladas con otras entidades, para evitar que personas inescrupulosas, pertenecientes a presuntas mafias, utilicen a sus hijos o a otros menores de edad, para mendigar en diferentes localidades de la capital.

En el requerimiento, extendido también a la Coordinadora del Centro Zonal Usaquén del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Procuraduría remitió apartes de la denuncia registrada por un medio de comunicación, donde se evidencia que adultos estarían presuntamente utilizando una menor de edad, para pedir en las afueras de establecimientos estratégicos escogidos (afueras de droguerías y clínicas materno infantil) ayudas de pañales y leche, para luego revender lo recogido.

El llamado del Ministerio Público en ejercicio de la función preventiva y de control de gestión, exhorta a las entidades responsables a tomar las medidas que permitan la judicialización de estas personas, tal como lo señala el artículo 93 del Código Penal, así como al restablecimiento de los derechos de quienes han sido víctimas de esta práctica.

**************
Por presuntos sobrecostos en compra de insumos médicos, Procuraduría indaga a funcionarios de la alcaldía local de Suba

– Al parecer, la administración municipal habría celebrado un contrato con precios superiores al 50 % de lo establecido en el mercado

Bogotá, D. C., 25 de abril de 2023 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por establecer de la alcaldía local de Suba, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para la adquisición de artículos de primeros auxilios, para dotar las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la zona.

La Procuraduría conoció en medios de comunicación que, al parecer, la administración municipal habría comprado a la comercializadora E & T S.A.S. aproximadamente 1.000 insumos, por alrededor de $ 184 millones, con el objeto de entregarlos a las más de 46 JAC de Suba, pero posiblemente en cada referencia de compra hubo un sobrecosto de 51 %.

También, el ente de control verifica las cotizaciones incluidas en los estudios previos del negocio jurídico para la adquisición de los artículos de primeros auxilios, porque presuntamente los datos adicionados habrían sido duplicados en la compra final de esta.

Presuntamente, una camilla tipo fell se cotizó por $ 236.000, pero se compró por unidad a $ 593.000; también posiblemente, un par de botas se cotizaron por $ 65.000 y se adquirieron por $ 101.000.

Por tanto, el Ministerio Público corrobora si se realizó el importe de estos dos artículos por un valor aproximado de $ 73 millones, pero al parecer, según los estudios previos llevados a cabo se debió pagar $ 37.503.156; lo que indica una posible alza en precios de casi el 100 %.

Finalmente, la entidad ordenó la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer las acciones que son objeto de investigación.